Llegaron a Mendoza las políticas reparatorias para aquellos mendocinos que fueron detenidos durante la dictadura militar. Por eso, a partir del lunes, podrán inscribirse para percibir la pensión vitalicia que establece la Ley Provincial 8.385, y fue implementada mediante el decreto 514 que firmó Francisco Pérez el 24 de marzo. De esta forma, todas las personas que hayan sufrido la privación ilegítima de la libertad entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 estarán incluidas dentro del Sistema de Reparación para las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Para ello, se deberá completar un formulario que ya está disponible en la página www.social.mendoza. gov.ar. Allí se piden datos de la situación laboral, familiar, habitacional, sanitaria y económica actual, entre otros ítems. Luego, se deberá presentar esta documentación en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cartera de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Para quienes cumplan con todos los requisitos, se destinará una pensión mensual, cuyo monto equivale a una clase 10 del escalafón profesional de la Administración Pública. Se trata de un básico de 1.000 pesos, sin que se incluyan ítems adicionales, ya que el beneficiario está aislado de la actividad laboral. El monto se irá actualizando de acuerdo con los aumentos que perciba en el básico el empleado público.
El dinero para las pensiones saldrá de los fondos del Gobierno provincial, aunque no se sabe aún cuánto se desembolsará en total hasta que no vayan apareciendo las solicitudes. Rubén Cuello, director de Protección de Derechos Humanos, señaló ayer: "Se trata de una medida importantísima para la Provincia, ya que abre la posibilidad de concretar las políticas reparatorias, que no sólo se acotarán al dinero, sino, además, a una serie de medidas vinculadas a la vivienda, la salud, la asistencia psicológica, etcétera".
El funcionario aclaró enseguida algunos puntos administrativos de inscripción: "No hay cupos ni plazos para presentar la solicitud de la pensión. La inscripción es personal y gratuita. Los formularios están en internet, también impresos en las oficinas de Derechos Humanos, y no se necesita de un abogado para iniciar el trámite". Los exigencias para recibir el beneficio son: llenar la solicitud, tener copia certificada por la autoridad competente del DNI u otro; y copia con toda la documentación que acredite condiciones para acceder al beneficio, como haber sido procesado en Tribunales, entre otros; cualquier documento que compruebe su privación ilegítima de la libertad o haber estado detenido o desaparecido o condenado entre las fechas antes mencionadas; certificado que acredite domicilio real en Mendoza y no recibir otra pensión por la misma causa.
ANTECEDENTES.
Mendoza no es la única provincia donde se comienza a resarcir a las víctimas de la dictadura, más allá que desde el Gobierno aseguran que se trata de una política "casi pionera en el país". También la provincia de Buenos Aires implementó la normativa y ha contabilizado, por ahora, más de 1.600 pensiones vitalicias para los ex presos.
Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, evaluó la pensión como "una ley muy buena y necesaria", pero aclaró enseguida que se trata de "una ley declarada y promovida dentro de un contexto político donde se han dispuesto distintas formas de reparación a las víctimas de crímenes del terrorismo de Estado y, lo de Mendoza, no es una excepción".
"Desde el 2003 se viene trabajando en políticas reparatorias para las víctimas de la dictadura e, incluso, hubo tres leyes reparatorias en el gobierno de Carlos Menem. Lo importante aquí es que se ponga fecha al segundo juicio por delitos de lesa humanidad.
Quedan demasiados juicios y hay que avanzar en estos y en las condenas", concluyó el abogado.
Para ello, se deberá completar un formulario que ya está disponible en la página www.social.mendoza. gov.ar. Allí se piden datos de la situación laboral, familiar, habitacional, sanitaria y económica actual, entre otros ítems. Luego, se deberá presentar esta documentación en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cartera de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Para quienes cumplan con todos los requisitos, se destinará una pensión mensual, cuyo monto equivale a una clase 10 del escalafón profesional de la Administración Pública. Se trata de un básico de 1.000 pesos, sin que se incluyan ítems adicionales, ya que el beneficiario está aislado de la actividad laboral. El monto se irá actualizando de acuerdo con los aumentos que perciba en el básico el empleado público.
El dinero para las pensiones saldrá de los fondos del Gobierno provincial, aunque no se sabe aún cuánto se desembolsará en total hasta que no vayan apareciendo las solicitudes. Rubén Cuello, director de Protección de Derechos Humanos, señaló ayer: "Se trata de una medida importantísima para la Provincia, ya que abre la posibilidad de concretar las políticas reparatorias, que no sólo se acotarán al dinero, sino, además, a una serie de medidas vinculadas a la vivienda, la salud, la asistencia psicológica, etcétera".
El funcionario aclaró enseguida algunos puntos administrativos de inscripción: "No hay cupos ni plazos para presentar la solicitud de la pensión. La inscripción es personal y gratuita. Los formularios están en internet, también impresos en las oficinas de Derechos Humanos, y no se necesita de un abogado para iniciar el trámite". Los exigencias para recibir el beneficio son: llenar la solicitud, tener copia certificada por la autoridad competente del DNI u otro; y copia con toda la documentación que acredite condiciones para acceder al beneficio, como haber sido procesado en Tribunales, entre otros; cualquier documento que compruebe su privación ilegítima de la libertad o haber estado detenido o desaparecido o condenado entre las fechas antes mencionadas; certificado que acredite domicilio real en Mendoza y no recibir otra pensión por la misma causa.
ANTECEDENTES.
Mendoza no es la única provincia donde se comienza a resarcir a las víctimas de la dictadura, más allá que desde el Gobierno aseguran que se trata de una política "casi pionera en el país". También la provincia de Buenos Aires implementó la normativa y ha contabilizado, por ahora, más de 1.600 pensiones vitalicias para los ex presos.
Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, evaluó la pensión como "una ley muy buena y necesaria", pero aclaró enseguida que se trata de "una ley declarada y promovida dentro de un contexto político donde se han dispuesto distintas formas de reparación a las víctimas de crímenes del terrorismo de Estado y, lo de Mendoza, no es una excepción".
"Desde el 2003 se viene trabajando en políticas reparatorias para las víctimas de la dictadura e, incluso, hubo tres leyes reparatorias en el gobierno de Carlos Menem. Lo importante aquí es que se ponga fecha al segundo juicio por delitos de lesa humanidad.
Quedan demasiados juicios y hay que avanzar en estos y en las condenas", concluyó el abogado.
Fuentes: Valeria Caselles - Diario El Sol
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