La dictadura militar de 1976-1983 fue la más sangrienta que vivió el país. Este gobierno de facto no surge del clamor popular frente a la violencia de las guerrillas sino que comienza a gestarse a partir del año 1974 al fallece el líder político de las clases populares, el presidente Juan Perón, legando la conducción del país a su viuda, Estela Martínez. A la falta de carisma y liderazgo político de Martínez, se sumó la asesoría del, por entonces, Ministro de Acción Social José López Rega, el “Brujo”. Como consecuencia de la ineptitud de la presidenta en la conducción del Gobierno Nacional, lo que obviamente le quedaba enorme, el “Brujo” comenzó a empoderarse de tal manera que, llegados los albores del golpe del ´76, era indudablemente él quien ostentaba el control del país.
Hacia mediados de 1975, el conjunto de acuerdos que Perón había articulado con los sindicatos y que habían constituido el eje de su proyecto de institucionalización política, habían fracasado y el país parecía marchar sin rumbo. La llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía agudizó aún más los problemas. Con el apoyo de López Rega, Rodrigo adoptó una serie de medidas, conocidas como el “Rodrigazo” —devaluación del peso entre un 100% y un 160%, incremento del 181 % en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte, entre otras medidas similares— que tuvieron como efectos inmediatos una aceleración brusca de la inflación y una crisis política, la que culminó con el desplazamiento de Rodrigo y de López Rega, provocados por una exitosa huelga general declarada por la CGT.
Isabel Perón se alejó temporalmente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder. El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación. El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración, en muchos casos, abierta oposición del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo y abrieron la brecha por la cual los militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica) — derrocó al gobierno de Estela Martínez e inauguraron lo que se denominó “Proceso de Reorganización Nacional”.
A partir de entonces comienza la más feroz dictadura militar de que se tenga memoria. Con el pretexto de exterminar a la “guerrilla” se instauró lo que se llamó el terrorismo de Estado. Los más de 30.000 hombres y mujeres desaparecidos no formaban parte de esa “guerra sucia” que se extendería por más 7 años. Entre esas personas se encontraban todas aquellas mentes que a un Estado autoritario le fastidiaban, por ejemplo, estudiantes, profesores, librepensadores, sindicalistas, oposicionistas, minorías sexuales, judíos, etc.
Las torturas, las vejaciones, las violaciones, la apropiación de niños, las muertes, la sodomización de compañerxs, la proscripción, la censura, la negación de todo tipo de derechos eran parte de este plan institucional de una Argentina “reorganizada” sin espacio para todos.
Por eso nos indignamos tanto cuando escuchamos noticias como las torturas en el penal San Felipe; los malos tratos que reciben compañerxs por parte de sectores sociales de la derecha reaccionaria; los abusos de la Iglesia; las violaciones por parte de fuerzas de seguridad; el caso Noble-Herrera; el excesos de los monopolios; la sodomización de compañerxs trans en la vía pública; la acción ilegítima de algunas personas que a toda costa quieren romper nuestro derecho de asociación, de militancia y de activismo; todos los padres “Pato” que en éste país siguen siendo muchos y peligrosos; la cultura judeo-cristiana que somete a sectores tildados de “diferentes” para los cuales no hay derecho que valga, cultura que niega a la mujer y niega la diversidad sexual.
Por eso es que Mendocinos por la Igualdad se posiciona del lado de la defensa irrestricta de los Derechos, apoyando fielmente las políticas que en materia de DDHH se vienen articulando en nuestro país; pidiendo juicio y castigo para los protagonistas nefastos de la dictadura; embanderando la insignia de la igualdad y la inclusión, pensando que el poder para el cambio no está en el uso de la fuerza sino en la cultura, el trabajo militante y la educación sobre la base igualitaria.
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