ALGUNAS IMPRESIONES PERSONALES
La ampliación de la figura de “matrimonio civil” para la inclusión de las minorías sexuales es una reivindicación que lleva varias décadas, pero que necesitaba un clima político favorable para convertirse en proyecto. El tema se había instalado lenta y progresivamente en los medios, a partir de la promulgación de la unión civil en algunos distritos del país. Para muchxs de nosotrxs, esta figura sostenía la discriminación en dos sentidos: por lugar de residencia y por orientación sexual. La idea del matrimonio como unión legal entre un hombre y una mujer con fines reproductivos nos parecía obsoleta y absurda. ¿Acaso los exámenes prenupciales evaluaban la fertilidad de los contrayentes? ¿Prohibía la ley el enlace de un hombre fértil con una mujer post-menopáusica? Si la pareja en principio joven y fértil, por razones involuntarias, llegaba a las bodas de plata sin haber tenido hijxs, ¿se les imponía una multa por haber violado el contrato matrimonial? ¿Se prohibía la unión entre quienes, siendo fértiles, manifestaban la decisión de no concebir? Al mismo tiempo, entendíamos la realidad innegable de los millones de niñxs nacidxs en las últimas décadas en el marco de uniones de hecho, o hijxs de mujeres solas, y sus derechos eran iguales a los de lxs nacidxs de un matrimonio. Es decir que el matrimonio servía para proteger los derechos previsionales, asistenciales y patrimoniales de la pareja, no de lxs hijxs.
Sabíamos también que la experiencia de las familias homoparentales se vivía en la Argentina, y que eran estas familias las que más se perjudicaban por las leyes vigentes hasta entonces. Parejas cuyos derechos mutuos no eran reconocidos, niñxs criadxs por dos personas pero reconocidxs legalmente solo por una de ellas: hombres, mujeres y niñxs convertidxs en ciudadanxs de segunda aun cuando cumplieran con todos sus deberes civiles.
La campaña por el proyecto de ley involucró a muchxs heterosexuales, que abrazamos y apoyamos con entusiasmo esta reivindicación. Para muchxs de nosotrxs, era un reclamo que se caía de maduro, pero nos informamos para discutir y concientizar, sabiendo que nos encontraríamos más de una vez con lxs defensorxs de la idea de familia tradicional y conservadora, ligada a una moralidad religiosa que poco asidero tiene en la realidad social. Los debates en el Congreso nacional nos tuvieron, intelectual y emocionalmente, a los tumbos, entre el acuerdo decidido, la sorpresa y la franca irritación ante las diferentes posturas sostenidas por lxs legisladorxs. Nos sumamos con redoblado esfuerzo a las diferentes estrategias, desde la movilización hasta ka campaña en las redes sociales, para contrarrestar la importante embestida que los sectores conservadores, en general amparados en la línea más reaccionaria de cada religión, protagonizaron, y que incluía la demonización del reclamo.
La madrugada del 15 de julio de 2010 comenzó un nuevo tiempo político en nuestro país, muchxs militantes de la causa, al tiempo que festejaban lo conquistado, se preparaban para ir por más en los derechos igualitarios: la Ley de Identidad de Género y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, dos leyes que impondrían al Estado la obligación de respetar y acompañar las decisiones que cada persona tome sobre su cuerpo.
La mañana del 15 de julio, por su parte, fue de un clima social diferente. Despertamos sabiendo que una vida con opciones múltiples, reales y libres, reconocimiento de la diversidad y protección social, ya no eran el privilegio de algunxs, sino que comenzaban a ser el derecho de todxs.
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