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| Aborto Legal, Seguro y Gratuito |
El 28 de septiembre es el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. La fecha hubiera coincidido con una trampa legislativa en el Congreso nacional argentino, si no hubiera primado el criterio de no debatir temas sensibles durante la campaña electoral. La trampa consistía en presentar a discusión todos los proyectos juntos, entre los cuales se encuentra el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en un extremo, y el del diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en el otro. La Campaña viene peleando desde hace tiempo por la aprobación de un proyecto, que ya cuenta con la firma de 50 diputados, que convierta la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho para todas las mujeres. Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, intentó poner a debatir, junto a la iniciativa de la Campaña, el texto de su creación, en el que se apropia de la argumentación que valida el derecho irrestricto para fundamentar una pretendida garantía de derechos. En realidad, lo que hace el proyecto de Vega, en la pretendida modificación del artículo 86 del Código Penal, es exigir la denuncia policial o judicial en caso de violación y, aunque impone la obligación de realizar el procedimiento al sistema público, también añade el límite de las 12 semanas de gestación para cualquiera de los dos casos reconocidos: violación y riesgo para la salud de la madre. Reconoce también la figura del objetor de conciencia, permitiendo la no realización de la intervención en el supuesto caso de ser el efector de salud persona contraria al espíritu de la IVE.
Esto es una clara violación al derecho de las mujeres de ejercer libre y voluntariamente la maternidad o de no ejercerla, sosteniendo antiguas construcciones culturales que reducen a las mujeres al acto de procrear, sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de ellas. Es por ello que consideramos que pensar la despenalización es insuficiente. Es poner límites a los derechos, es buscar consensos que negocian necesidades a cambio de votos. Es no reconocer el contexto en que se producen los embarazos no deseados en el país: violencia de género, falta de información, falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Es volver a desentenderse de la salud y la integridad de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, que son las que sufren en mayor medida los efectos de la clandestinidad de la práctica; una clandestinidad que se ha cobrado la vida de 3000 mujeres desde el regreso de la democracia al país.
El proyecto de la Campaña, en cambio, reconoce el derecho irrestricto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo para todas las mujeres hasta la semana 12 de gestación, y lo amplía más allá de esta etapa para los casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformaciones graves del feto. Impone, además, la obligación al sistema público de salud de realizar esta práctica toda vez que se la solicite.
El proyecto de la Campaña se enmarca en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo que hace al ejercicio de su sexualidad, y la eventual maternidad, libre de imposiciones y de violencias, tanto en el ámbito personal como en el institucional obstétrico. Exige dar una respuesta parlamentaria a un debate iniciado en la sociedad desde la recuperación de la democracia y crear las condiciones para que tome cuerpo la consigna histórica: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
Enlace al texto del proyecto presentado por Vega:
Enlace al texto del proyecto de la Campaña:
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