LAS CIFRAS PARA ABRIR EL DEBATE

Un estudio con métodos científicos validados en el mundo determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento. La investigación, encargada por el Ministerio de Salud, brinda por primera vez datos confiables sobre el fenómeno.

Por primera vez se estimó la magnitud del aborto en la Argentina a través de dos métodos científicos validados internacionalmente. El cálculo obtenido concluyó que anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Se concluyó que a lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Además, se dedujo que por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requieren.

“Es un avance importante. Ahora hay un número con un sustento científico. No es más una apreciación fortuita”, destacó la médica Zulema Palma, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de más de 250 ONG que el lunes último presentó en el Congreso un proyecto de legalización del aborto (ver aparte).

El estudio fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, a un equipo encabezado por reconocidas investigadoras en la temática: Edith Alejandra Pantelides, del Conicet y el Centro de Estudios de Población (Cenep), y Silvia Mario, del Instituto Gino Germani de la UBA. “Hasta ahora había estimaciones más precarias”, señaló a Página/12 Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien viene estudiando desde hace varios años la problemática del aborto en la Argentina. La cifra que se mencionaba desde organizaciones de mujeres y voces gubernamentales era de alrededor de medio millón de abortos por año: finalmente es un número que se acerca al obtenido a través de las dos metodologías científicas validadas internacionalmente usadas por Pantelides y Mario.

“Como toda información con rigor científico, permite armar el debate social en mejores términos. Además, desmiente a quienes sostenían que no había tantos abortos en el país. Cincuenta mil abortos más o menos no hacen diferencia a la hora de evaluar el problema”, consideró Ramos. “Un aspecto importante –agregó– es ver la relación entre el total de nacimientos y la cantidad de abortos: ésa es la magnitud relativa a tener en cuenta.”

Medir la dimensión de una práctica clandestina, que es penalizada por el Código Penal, no es sencillo. Por esa razón, obviamente, no existen registros oficiales. “Se debió recurrir a métodos indirectos y se abandonó la pretensión de obtener una cifra exacta, sino más bien un rango de órdenes de magnitud”, explicó Mario. “Se ha utilizado la mejor metodología del mundo disponible, con las restricciones que tiene por los parámetros que hay que medir”, subrayó Ramos.

Las investigadoras recurrieron a dos métodos muy diferentes. El primero está basado en estadísticas del sistema de salud, en este caso el registro de egresos hospitalarios en el que quedan asentadas las hospitalizaciones debidas a abortos complicados. Se parte del supuesto de que estos casos, que demandan atención médica, representan sólo una parte del total de abortos inducidos. A partir de una encuesta a informantes clave, mayoritariamente jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia del sector público con desempeño también en el ámbito privado, el equipo coordinado por Pantelides y Mario estimó la cantidad de abortos que se practican en la clandestinidad, que no terminan en complicaciones que requieran internación.

Se calculó entonces que por cada mujer que llega con hemorragias o infección a un hospital después de un aborto, hay siete que no demandan ayuda médica, principalmente porque la interrupción se hizo de forma más segura y con menor riesgo. A ese número –que representaría la parte oculta del iceberg– se lo denomina “factor multiplicador”. Se multiplicaron por siete la cantidad de egresos hospitalarios (el último registro corresponde al año 2000) post-aborto. Así, las investigadoras concluyeron que se practicarían un total aproximado de 460 mil abortos a nivel nacional.

Las entrevistas a informantes clave fueron realizadas en el conurbano y en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Resistencia. Además de médicos, se encuestaron integrantes de ONG de mujeres y jefes provinciales de programas de Salud Reproductiva.

Para llegar al multiplicador 7 tuvieron en cuenta una serie de conclusiones obtenidas a través de la encuesta. Entre ellas que:

- La práctica del aborto asistida por profesionales médicos se considera segura.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos medios y altos rara vez (o nunca) recurren a no médicos o se autoprovocan un aborto.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos recurren para interrumpir un embarazo mayoritariamente a personas que no son médicos o se lo provocan ellas mismas.

- En la mayor parte de los casos, los abortos autoinducidos se provocan con la ingesta o introducción vaginal de pastillas de misoprostol, una droga que se puede comprar bajo receta en las farmacias y tiene otra indicación médica.

- Entre el 80 y el 100 por ciento de las mujeres con complicaciones por un aborto recurren a un hospital público.

- Los métodos más usados por los médicos son la dilatación y legrado y el aborto con medicamentos (en general, con misoprostol).

“La percepción de los entrevistados indica que en la actualidad la práctica del aborto inducido parece realizarse en un contexto de mayor seguridad que en el pasado, sobre todo para las mujeres de estratos medios y altos, a pesar de su ilegalidad. Es esperable entonces que las hospitalizaciones reflejen una proporción pequeña del total de abortos”, sostuvieron Pantelides y Mario en su investigación, que lleva por título “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”. En ese sentido, advirtieron que la práctica del aborto ha cambiado “sustancialmente” durante las últimas décadas. Por un lado, el uso extendido de antibióticos como preventivo de infecciones por parte de quienes realizan el procedimiento médico y de las mismas mujeres “ha reducido notablemente el riesgo de complicación”. Por otra parte, la utilización del misoprostol, “método con escasas complicaciones asociadas”, se ha difundido entre los proveedores de abortos y también entre las mujeres.

Dos por cada mujer

A través de la otra metodología científica aplicada se obtuvieron dos estimaciones, combinando distintas variables, que ubican el número de abortos anuales entre 486.000 y 522.000, para el 84 por ciento de la población femenina. Por lo tanto, habría que sumarle un 16 por ciento más: con lo que se obtiene un número total de entre 560.000 y 615.000 interrupciones voluntarias de embarazo inducidas.

¿Cómo se llega a esa estimación? Este método no es sencillo de explicar. Consiste en relacionar una tasa de fecundidad máxima teórica por mujer –que surge de estudios internacionales que evaluaron distintas poblaciones– con los factores que la disminuyen: el uso de anticonceptivos, la infertilidad post-parto y el aborto. Todos los índices se calcularon con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-2005, que incluye un módulo sobre salud sexual y reproductiva e indaga además sobre lactancia en el cuestionario de niños. “El índice para el aborto se obtiene a partir de los valores conocidos –uso de anticonceptivos, infertilidad post-parto teniendo en cuenta la lactancia promedio en la Argentina–, reordenando los términos de la ecuación principal. A partir de este índice se calcula la tasa de aborto y el número de abortos anual, en esta caso el año 2004-2005”, explicaron las investigadoras.

La estimación indica que cada mujer a lo largo de su vida fértil se practicaría dos abortos. La tasa de abortos cada mil mujeres sería de 60. Teniendo en cuenta que en el país se producen alrededor de 700 mil nacimientos cada año, habría poco menos de un aborto por cada nacimiento.

“Para el cálculo de la infertilidad post-parto se tomó en cuenta la duración promedio y la duración mediana de la lactancia: de ahí que surjan dos mediciones distintas”, aclaró Mario.

“Estos dos métodos son los únicos que se pueden aplicar en el país”, explicó Pantelides a Página/12. Las metodologías no se habían ensayado antes porque se estaban perfeccionando en otros países, y además porque no existía en la Argentina alguna información necesaria, que recién estuvo disponible a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Tampoco antes se había dispuesto de fondos para encarar el estudio. El trabajo fue resultado de una investigación apoyada por la beca “Ramón Carrillo-Arturo Oñativa” para Estudios Colaborativos Multicéntricos de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria.

FUENTES: Mariana Carbajal - Página 12, 2 de junio de 2007 - http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85908-2007-06-02.html

CARTA A LXS DIPUTADXS MENDOCINXS EN EL CONGRESO NACIONAL

Cuando las mujeres hablamos de aborto, decimos “nosotras”, porque se trata de una práctica que está presente a lo largo de nuestras vidas: en nuestras familias, entre nuestras amigas, en nuestros propios cuerpos, como acto o como posibilidad. Nosotras abortamos, pero no contamos con el derecho legal de hacerlo. O podemos decir también que, aunque no se nos reconozca el derecho de hacerlo, abortamos igual, de cualquier manera. 

Abortamos con las condiciones de higiene y seguridad que podemos pagarnos, en una clínica privada, o privadas, justamente, de las que no podemos pagarnos, y lo hacemos con la “partera” del barrio o en la propia casa, con enormes riesgos para nuestra salud, y el terror de tener que necesitar después ayuda que nos exponga a la denuncia por parte del personal médico de un hospital. Esta diferencia en la seguridad que depende de la situación económica de la solicitante, contribuye al mercado negro del aborto clandestino, un mercado de 1000 millones de pesos cada año[1], que constituye además una clara injusticia social basada en las posibilidades económicas. Abortamos angustiadas por esta clandestinidad, a la que se nos obliga, incluso cuando nuestro caso se corresponde con alguna de las excepciones que contempla el Código Penal. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Ana María Acevedo, caso testigo en la región en el reclamo ante la CIDH[2]. Acevedo era una joven mujer santafecina, pobre y madre de tres niños, que cursaba un embarazo muy reciente cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Ante el pedido de aborto terapéutico, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe prefirió sostener el embarazo y, en cambio, suspenderle el tratamiento oncológico. La historia de Ana María termina con un embarazo malogrado a las 24 semanas, el dolor insoportable del cáncer, el coma farmacológico seguido de muerte y sus tres hijos huérfanos de madre[3]. Recordamos también el caso reciente de la adolescente misionera, embarazada fruto de la violación por parte de un tío, que reclamó un aborto; su madre fue mal informada acerca de falsos riesgos por el personal médico, que le impidió esta práctica, y hoy la niña cursa su embarazo en el total abandono por parte de todos los sectores, públicos y de la sociedad civil, que batallaron contra su derecho[4]. Historias similares se cuentan por docenas en todo el país, involucrando a niñas y mujeres con discapacidad mental, cuyas madres tuvieron que elegir entre hacerlas abortar en la clandestinidad, o resignarse a criar, además de una hija que no puede valerse por sí misma, al niño o la niña que esta tendría. Abortamos también empujadas a ello por el mismo sistema de salud que nos niega el acceso a los métodos anticonceptivos en muchas provincias. Es lo ocurrido con Mónica, una mujer entrerriana, de 26 años, pobre y padeciente del síndrome de Fallot, una patología cardíaca crónica: no le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) cuando lo solicitó, luego le negaron el aborto terapéutico en dos hospitales públicos, y ahora permanece internada, en reposo absoluto y lejos de su esposo y su hijo adolescente[5]. Abortamos exponiéndonos al reproche de sectores de la sociedad que insisten en la consigna de que el aborto es un asesinato, que llaman “bebé” al embrión, que nombran como “madre” a la mujer embarazada aunque no quiera serlo, argumentando un sufrimiento en el aborto que no es posible biológicamente por falta de desarrollo nervioso del embrión, y defienden los supuestos derechos del que denominan “niño por nacer”, creando con sus falacias una persona donde no la hay, e ignorando los derechos de la persona que sí existe, la mujer, a la que se reduce al rol de incubadora. Abortamos a pesar de las advertencias de estos mismos sectores que nos hablan de un supuesto daño psicológico irreversible, porque sabemos que, más allá de la persecución moralizadora y culpabilizadora de estos sectores, el único daño irreversible que nos amenaza es el físico, como la esterilidad o la muerte, consecuencia de la misma clandestinidad de la práctica, y no una angustia con la que intentan desmentir la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Abortamos aunque nos traten de asesinas e irresponsables, ignorando la relevancia que la contemplación de los derechos de las mujeres tiene en la agenda de los derechos humanos, y la alta incidencia que tiene en la Argentina la falla del método anticonceptivo en los embarazos, la violencia de género o la desinformación: el 40% de los embarazos en el país no fue buscado, un porcentaje que alcanza el 70% en adolescentes[6].

Abortamos en gran número, y por eso el derecho a hacerlo es un asunto relevante de salud pública. Recientemente, en la jornada “El aborto, un problema de salud pública”, el doctor Mario Sebastiani, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y presidente del Comité de Bioética de ese hospital, explicaba que en la Argentina se registra casi un aborto por cada embarazo llevado a término, es decir, más de 500.000 al año[7]. La clandestinidad de esta práctica genera al año más de 50.000 internaciones por aborto mal realizado[8] y más de 200 muertes de mujeres en edad fértil. Estos son los números que obligan a dejar de pensar en el aborto como una cuestión moral para entenderlo como un aspecto principal de la salud pública. Explica el doctor Sebastiani: “Hay algunos lugares donde esto está relegado a la clandestinidad, a la inseguridad, a la enfermedad y a la muerte; y en otros donde es un triunfo de la salud pública. Lo que significa que aún siendo terriblemente dificultoso el problema del aborto desde el punto de vista moral, religioso, humanitario, la salud pública les dice a las mujeres que no las va a desproteger ni les dará la espalda. La salud pública les ofrecerá a esas mujeres un procedimiento absolutamente seguro que interrumpa la gestación, luego las asesorará a los efectos de que no vuelvan a tener una repitencia y de que no vuelva a tener un embarazo no deseado. Esta escenografía se contrapone a la clandestinidad que resuelve el problema cuanto antes y de las peores maneras”[9]. La mención a la prevención de la repitencia hace foco en otro de los cuestionamientos frecuentes a la legalización del aborto: la posibilidad de que aumente la práctica. Es un argumento que suele utilizarse contra la ampliación de derechos: se dijo que las parejas se separarían más si se legalizaba el divorcio, o que se produciría una crisis social y familiar con la sanción del matrimonio igualitario. En el caso del aborto, no solamente se evitarían el daño físico y la muerte de las mujeres en edad fértil, sino que además, al quedar la práctica dentro del sistema de salud, se la podría asesorar con información médica veraz, y proveer con métodos anticonceptivos, para que pueda evitar la realización de una nueva interrupción de un embarazo no deseado. Contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligará a nadie a abortar, pero, si asegurará la salud de las mujeres que aún a riesgo de enfermarse, morir o ir presas interrumpen sus embarazos porque no es su momento, o porque no lo pueden sostener económicamente o porque han sido violadas.

En los últimos años, los derechos humanos se han convertido en parte central de la agenda pública argentina. Así como reconocemos este avance, corresponde recordar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente a través de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos (CDH), se sostiene que la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe dejar de ser un asunto de moral pública para ser reconocida como un asunto central de los derechos humanos. El Relator Especial del CDH, Anand Grover, en el párrafo 21 del informe “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostiene: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”[10].

Es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros legisladores y legisladoras tienen la obligación política de avalar, en este debate, el proyecto que reconoce el derecho absoluto a la interrupción voluntaria del embarazo, como práctica regular dentro del sistema de salud en todos los sectores. Las mujeres en la Argentina necesitamos, tenemos derecho y lo reclamamos, a la educación sexual integral para decidir, al libre acceso a los métodos anticonceptivos para no abortar, y la interrupción voluntaria del embarazo con garantía, legal, seguro y gratuito para no morir.


Firmamos: Mendocinxs por la Igualdad – Libres por la Diversidades – Juana Azurduy – Coordinación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo - Movimiento Universitario SUR – Libres del Sur Mendoza en el Frente Amplio Progresista

Fuentes:

[1] “Algo habrán hecho”, en Aborto con Pastillas, 31-08-2010. http://abortoconpastillas.info/2010/08/31/algo-habran-hecho/
[2] “ONGs de Argentina Denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la criminalización del aborto”, en Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia familiar, 29-03-2011. http://www.proteccioninfancia.org.ar/node/464
[3] “Condenada en nombre de la medicina”, en Página/12, 29-03-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165132-52784-2011-03-29.html
[4] “Denunciaron el abandono en que se encuentra la niña violada a la que se le negó el aborto no punible”, en RedMisiones.TV, 13-10-2011. http://www.redmisiones.tv/ampliar.php?id=1011
[5] “Una vida en riesgo por negar un aborto”, nota de Mariana Carbajal en Página/12, 13-10-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-178801-2011-10-13.html
[6] “Madres argentinas: tienen en promedio de 2 a 3 hijos”, en Diario El Ciudadano y la Gente, 16-00-2011.
http://www.elciudadanoweb.com/?p=260010
[7] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[8] “Reclaman políticas para evitar muertes durante el embarazo y el parto”, en DocSalud.com, 28-03-2011. http://www.docsalud.com/articulo/2232/reclaman-pol%C3%ADticas-para-evitar-muertes-durante-el-embarazo-y-el-parto
[9] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[10] “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 03-08-2011. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=/english/&Lang=S

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA: Despenalizar no es suficiente

Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El 28 de septiembre es el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. La fecha hubiera coincidido con una trampa legislativa en el Congreso nacional argentino, si no hubiera primado el criterio de no debatir temas sensibles durante la campaña electoral. La trampa consistía en presentar a discusión todos los proyectos juntos, entre los cuales se encuentra el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en un extremo, y el del diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en el otro. La Campaña viene peleando desde hace tiempo por la aprobación de un proyecto, que ya cuenta con la firma de 50 diputados, que convierta la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho para todas las mujeres. Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, intentó poner a debatir, junto a la iniciativa de la Campaña, el texto de su creación, en el que se apropia de la argumentación que valida el derecho irrestricto para fundamentar una pretendida garantía de derechos. En realidad, lo que hace el proyecto de Vega, en la pretendida modificación del artículo 86 del Código Penal, es exigir la denuncia policial o judicial en caso de violación y, aunque impone la obligación de realizar el procedimiento al sistema público, también añade el límite de las 12 semanas de gestación para cualquiera de los dos casos reconocidos: violación y riesgo para la salud de la madre. Reconoce también la figura del objetor de conciencia, permitiendo la no realización de la intervención en el supuesto caso de ser el efector de salud persona contraria al espíritu de la IVE.

Esto es una clara violación al derecho de las mujeres de ejercer libre y voluntariamente la maternidad o de no ejercerla, sosteniendo antiguas construcciones culturales que reducen a las mujeres al acto de procrear, sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de ellas. Es por ello que consideramos que pensar la despenalización es insuficiente. Es poner límites a los derechos, es buscar consensos que negocian necesidades a cambio de votos. Es no reconocer el contexto en que se producen los embarazos no deseados en el país: violencia de género, falta de información, falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Es volver a desentenderse de la salud y la integridad de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, que son las que sufren en mayor medida los efectos de la clandestinidad de la práctica; una clandestinidad que se ha cobrado la vida de 3000 mujeres desde el regreso de la democracia al país.

El proyecto de la Campaña, en cambio, reconoce el derecho irrestricto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo para todas las mujeres hasta la semana 12 de gestación, y lo amplía más allá de esta etapa para los casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformaciones graves del feto. Impone, además, la obligación al sistema público de salud de realizar esta práctica toda vez que se la solicite.

El proyecto de la Campaña se enmarca en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo que hace al ejercicio de su sexualidad, y la eventual maternidad, libre de imposiciones y de violencias, tanto en el ámbito personal como en el institucional obstétrico. Exige dar una respuesta parlamentaria a un debate iniciado en la sociedad desde la recuperación de la democracia y crear las condiciones para que tome cuerpo la consigna histórica: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.

Enlace al texto del proyecto presentado por Vega:

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4206-D-2011

Enlace al texto del proyecto de la Campaña:

http://www.abortolegal.com.ar/?p=600

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ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

¿Qué pasaría si…?

La posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, segura y gratuita tendría numerosos efectos positivos sobre la salud de las mujeres y las políticas públicas.

1- Las mujeres no morirían por abortos. Los abortos se harían en salas apropiadas y esterilizadas, con médicxs y enfermerxs a cargo de la intervención, y el debido control post-operatorio.

2- Las mujeres podrían firmar un consentimiento informado, por el que sabrían en qué consiste la intervención, se despejarían sus dudas y temores, y sabrían cómo cuidar su salud en los días posteriores, incluyendo la observación de señales de alerta.

3- El sistema de salud podría derivarlas en seguida al área de Planificación Familiar, donde les informarían sobre métodos anticonceptivos, incluyendo los quirúrgicos, para evitar la necesidad de un nuevo aborto.

4- El sistema de salud podría reconocer en intervenir en situaciones de violencia de género o abuso, a partir del registro en la historia clínica de una mujer, de numerosos embarazos y consecuentes abortos.

5- La maternidad sería una experiencia voluntaria y saludable, lejos de la resignación al embarazo, el parto y la crianza como consecuencias inevitables de una vida sexual activa.

6- Las mujeres se verían empoderadas, dueñas de sus propios cuerpos y libres para decidir si quieren o no tener hijxs, cuántxs quieren y con qué frecuencia entre ellxs.

7- Obligaría a las organizaciones anti-derechos a aceptar y hasta promover la educación sexual como única manera de evitar la interrupción voluntaria del embarazo.

8- Se haría efectivo el reclamo de las campañas pro-derechos de la mujer en general, y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en particular, que exige educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.