La necesaria perspectiva de género

La perspectiva de género no es una pretensión, ni una excusa ni un argumento mediático. Es la única manera de entender que dos chicas jóvenes, apenas salidas de la adolescencia, vivieran aterradas porque el partido donde residen, Moreno, registra los índices más altos de agresiones hacia las mujeres de todo el conurbano bonaerense, y porque sabían que las Traffic rondaban los boliches locales buscando secuestrar chicas. Es por eso que llevaban un cuchillo cuando salían de noche, porque no sabían cuándo tendrían que defenderse de alguna clase de ataque.

La perspectiva de género es la única herramienta para dimensionar el poder de un vendedor de drogas, y la protección de la que gozaba en el barrio, frente a estas dos chicas a las que acosaba y a las que intentó violar, y que resultaron acusadas de intento de homicidio porque se defendieron de él.

¿Qué otra cosa, si no es la perspectiva de género, permitiría caracterizar el trato recibido por las chicas en el sistema penal, donde no se atendieron debidamente sus problemas de salud?

Es precisamente la perspectiva de género, esa mirada que desnuda las desigualdades sociales basadas en el poder que detentan varones sobre mujeres, la que ayuda a analizar la violencia de género institucional cometida sobre las hermanas Jara, coronada por un poder judicial que, como en tantos otros casos, no las escuchó o no dio validez a sus testimonios. Por eso pasaron dos años en la cárcel, donde conocieron a otras mujeres también condenadas por haberse defendido de los hombres que las atacaban. Por eso se dio crédito a la palabra de Leguizamón, el victimario, aunque las declaraciones de este hombre hicieran agua por todos los costados.

Por eso el fallo que ahora las libera apuntó más a un aparente equilibrio que a lograr una verdadera reparación. Por eso se decidió que los dos años vividos en la cárcel valían como condena por lesiones graves, para no reconocer que no debieron haber pasado un solo día lejos de su hogar por esta causa, y en cambio no se activó contra el agresor. Es, precisamente, la perspectiva de género lo que le está faltando a la justicia de nuestro país.

http://cosecharoja.org/ailen-y-marina-jara-retoman-la-vida-sin-rejas-y-piden-justicia/

MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Nuevamente nos hemos encontrado un 25 de noviembre marchando contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. La gran novedad de este año fue la incorporación de la “marcha de las putas”, que se concentra en el derecho al uso, disfrute y circulación de las mujeres por el espacio público, sin la intromisión que, con la excusa del piropo, se convierte en una agresión por parte de los varones, como un precio a pagar por decidir andar solas por la calle. Como todos los años, a la vez, marchamos por el derecho a una vida íntima sin la violencia física y sexual de un compañero maltratador, por una inserción laboral igualitaria, por una vida sexual y reproductiva sana y autónoma, por la diversidad sexual vivida en un marco social de respeto, por una representación mediática que nos empodere en lugar de cosificarnos y de naturalizar la violencia sexual ejercida sobre nosotras.

Marchamos en un contexto contradictorio. La pelea sostenida en los tribunales mendocinos dio sus frutos, y hoy se reconocen las violaciones a las detenidas desaparecidas durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, crece la violencia hacia nuestros cuerpos. Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro a partir de coberturas mediáticas, daban cuenta en 2010 de 260 asesinatos de mujeres por parte de hombres de sus entornos, incluyendo parejas y ex parejas. Este año la cifra se ha incrementado: hasta octubre de este año, se habían cometido 230 crímenes, es decir, un 10% más que el año pasado en el mismo período. Es más de una muerte cada 1,5 días. En paralelo, leemos todas las semanas acerca de sentencias sobre casos previos en las que el sexismo de integrantes del Poder Judicial disculpa la violencia de los machistas femicidas con la reducción de las penas. También aumentaron las llamadas a los organismos de denuncia y acompañamiento de la víctima de violencia de género, pero sigue siendo difícil para muchas mujeres hacer valer su derecho a una vida sin agresiones, cuando la policía o las fiscalías no atienden a sus denuncias y pedidos de auxilio, alimentando así la espiral que comienza en el insulto y termina con una mujer baleada, apuñalada o quemada. El trabajo del Observatorio visibilizó también un tipo de crimen que describe como “femicidio vinculado”, que consiste en el asesinato exclusivo o extensivo sobre lxs hijxs de la mujer víctima de violencia, con la voluntad, muchas veces explícita, de pegarle donde más le duela o quitarle lo que más quiere. Esta visibilización se logró por la dramática realidad de 16 niñxs de menos de 12 años que murieron violentadxs por parejas actuales o pasadas de sus madres, incluyendo a sus propios padres. Llevamos al Congreso y a los medios el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, donde enfrentamos los argumentos más absurdos y reaccionarios contra nuestra autonomía. La presión conservadora de corte religioso sobre lxs legisladorxs fue más fuerte, y el debate quedó trunco hasta el próximo año, mientras mujeres niñas y adultas siguen siendo victimizadas porque no se les reconoce el derecho a un aborto no punible, o mueren destrozadas por las consecuencias de un aborto inseguro. Protestamos y denunciamos cuando desde diarios, radio o televisión, periodistas, humoristas, conductores o publicistas nos insultan, nos convierten en objetos sexuales o nos agreden de cualquier manera. Aun así, se multiplican las escenas basadas en los cuerpos de las mujeres, las pautas realizadas a partir de estereotipos, las expresiones públicas más exacerbadas de machismo. El Secretario General de la Mesa de Diversidad Sexual y Género de Cuyo, Macoco Guajardo, decía días atrás, en las II Jornadas de Capacitación y Perfeccionamiento “Diversidades y Derechos Humanos”: “Las mujeres han sido moneda de cambio de todos los gobiernos”. Hablábamos de cómo tantas veces se negoció el apoyo de la Iglesia al poder político a cambio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el acceso garantizado a métodos anticonceptivos, a información completa y confiable, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Suele sostenerse también que el recrudecimiento de la violencia de género aparece como represalia ante el avance de las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos.

Existe una manera de superar este juego de opuestos que resulta fatal para tantas mujeres: la concientización y la sensibilización. En la medida en que podamos educar y educarnos en la idea de la igualdad de los géneros, podremos empoderarnos, asegurarnos el respeto y la contención de las instituciones, y el aislamiento, desactivación y desnaturalización de las conductas violentas, y la solidaridad entre las mujeres.

RESPETO POR LA DIVERSIDAD

Mendoza, 28 de Octubre de 2011

RESPETO POR LA DIVERSIDAD

Desde la Asociación Civil Mendocinxs por la Igualdad estamos profundamente conmovidxs por dos notas en particular, publicadas por columnistas del medio virtual “El Mendolotudo” y replicadas por el diario virtual MDZOL (Mendoza On Line). Las notas son “Beneficios de estar de novio con un travesti” de alguien que se hace llamar “Doctor Bomur”, y “Lo que el feminismo nos legó”, de otra persona que se hace llamar “Ángel Gris”.

El contenido de ambas notas es altamente ofensivo y contiene todos aquellos componentes contra los que se está batallando desde organismos de gobierno y desde los sectores de la sociedad civil.

La misoginia, el desprecio por la mujer, la humillación hacia las sexualidades diferentes han sido históricamente parte de la intolerancia de este país. Intolerancia que ha llevado en los más de los casos a consecuencias gravísimas como los crímenes de odio. 

Este machismo es el responsable de la desigualdad de poder que se ejerce constantemente entre el varón y la mujer, entre lo heterosexual y lo no heterosexual, de creer que los varones, por el solo hecho de serlo, están un escalón por encima de las mujeres. Aprendimos a creer que la norma es la heterosexualidad y todo lo que escape a ella representa un disvalor en sí mismo. Pero lo cierto es que cada vez que una mujer es violada, acosada, violentada, insultada, golpeada, negada, invisibilizada, explotada, secuestrada para la explotación sexual, obligada a obedecer, asesinada, obligada a callar y humillada al grado de querer desaparecer, esa responsabilidad es de todxs los hombres y mujeres que fomentamos y transmitimos ese machismo sexista, transfóbico y misógino como un valor ponderable.

¿Qué nos hace creer que el ser heterosexual es “la norma”? ¿Qué nos hace creer que el ser varón es mejor que el ser mujer?

Es con el lenguaje que condenamos o garantizamos las libertades, derechos y posibilidades de ser. Cuando usamos un plural masculino para denotar a todos y todas estamos invisibilizando a las mujeres. Cuando creemos que tenemos el derecho de entrar en la vida de lxs demás, de invadir la vida privada de lxs otrxs, no estamos haciendo otra cosa que sesgando sus derechos a ser y decidir sobre sí mismxs. 

Entonces, si el lenguaje está operando como un repetidor de conductas y de modelos misóginos, discriminadores y sexistas, los medios de comunicación tienen la enorme responsabilidad de frenar la reproducción de esos estereotipos fabricados, no reales, acerca de mujeres y de personas trans. En ese sentido, es inconcebible que existan publicaciones como las que “El Mendolotudo” ampara y defiende. 

Este medio online se dejó ver muy indignado con el INADI provincial porque tomó acciones frente al tratamiento de las notas publicadas por ellxs y replicadas por MDZOL. El INADI está para eso, para observar mediante denuncia la conducta discriminadora de todxs. En los twits de El Mendolotudo se excusan en “el chiste”, y no dudamos de que haya sido ese el espíritu, pero no se puede dejar pasar. También argumentan que hay dirigentes de ese organismo, como el delegado de La Rioja, que está acusado de ejercer violencia contra su pareja, como si esa situación (que el INADI de ninguna manera ha justificado, ocultado ni amparado) fuera una excusa para el proceder del medio periodístico. 

De continuar con ese tipo de publicaciones, nos veremos en la obligación de pensar que son la misma cosa que Agencia Nova, publicación que explicita constantemente su transfobia y odio contra Florencia Trinidad. 

Necesitamos que los medios de comunicación se comprometan en las diferentes luchas contra las violencias y discriminaciones, si no puede ser difundiendo las luchas de lxs diferentes colectivxs y promoviendo sus derechos, al menos, absteniéndose de replicar estos estereotipos y modelos tan nocivos para la sociedad.

Fuente:

http://www.mdzol.com/mdz/mendolotudo/333781-lo-que-el-feminismo-nos-lego-por-angel-gris/

http://www.mdzol.com/mdz/mendolotudo/335415

http://www.sentidog.com/lat/2011/10/nueva-ofensiva-homofoba-de-nova-contra-flor-de-la-v/

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/27/10/2011/bar029.html

CARTA A LXS DIPUTADXS MENDOCINXS EN EL CONGRESO NACIONAL

Cuando las mujeres hablamos de aborto, decimos “nosotras”, porque se trata de una práctica que está presente a lo largo de nuestras vidas: en nuestras familias, entre nuestras amigas, en nuestros propios cuerpos, como acto o como posibilidad. Nosotras abortamos, pero no contamos con el derecho legal de hacerlo. O podemos decir también que, aunque no se nos reconozca el derecho de hacerlo, abortamos igual, de cualquier manera. 

Abortamos con las condiciones de higiene y seguridad que podemos pagarnos, en una clínica privada, o privadas, justamente, de las que no podemos pagarnos, y lo hacemos con la “partera” del barrio o en la propia casa, con enormes riesgos para nuestra salud, y el terror de tener que necesitar después ayuda que nos exponga a la denuncia por parte del personal médico de un hospital. Esta diferencia en la seguridad que depende de la situación económica de la solicitante, contribuye al mercado negro del aborto clandestino, un mercado de 1000 millones de pesos cada año[1], que constituye además una clara injusticia social basada en las posibilidades económicas. Abortamos angustiadas por esta clandestinidad, a la que se nos obliga, incluso cuando nuestro caso se corresponde con alguna de las excepciones que contempla el Código Penal. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Ana María Acevedo, caso testigo en la región en el reclamo ante la CIDH[2]. Acevedo era una joven mujer santafecina, pobre y madre de tres niños, que cursaba un embarazo muy reciente cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Ante el pedido de aborto terapéutico, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe prefirió sostener el embarazo y, en cambio, suspenderle el tratamiento oncológico. La historia de Ana María termina con un embarazo malogrado a las 24 semanas, el dolor insoportable del cáncer, el coma farmacológico seguido de muerte y sus tres hijos huérfanos de madre[3]. Recordamos también el caso reciente de la adolescente misionera, embarazada fruto de la violación por parte de un tío, que reclamó un aborto; su madre fue mal informada acerca de falsos riesgos por el personal médico, que le impidió esta práctica, y hoy la niña cursa su embarazo en el total abandono por parte de todos los sectores, públicos y de la sociedad civil, que batallaron contra su derecho[4]. Historias similares se cuentan por docenas en todo el país, involucrando a niñas y mujeres con discapacidad mental, cuyas madres tuvieron que elegir entre hacerlas abortar en la clandestinidad, o resignarse a criar, además de una hija que no puede valerse por sí misma, al niño o la niña que esta tendría. Abortamos también empujadas a ello por el mismo sistema de salud que nos niega el acceso a los métodos anticonceptivos en muchas provincias. Es lo ocurrido con Mónica, una mujer entrerriana, de 26 años, pobre y padeciente del síndrome de Fallot, una patología cardíaca crónica: no le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) cuando lo solicitó, luego le negaron el aborto terapéutico en dos hospitales públicos, y ahora permanece internada, en reposo absoluto y lejos de su esposo y su hijo adolescente[5]. Abortamos exponiéndonos al reproche de sectores de la sociedad que insisten en la consigna de que el aborto es un asesinato, que llaman “bebé” al embrión, que nombran como “madre” a la mujer embarazada aunque no quiera serlo, argumentando un sufrimiento en el aborto que no es posible biológicamente por falta de desarrollo nervioso del embrión, y defienden los supuestos derechos del que denominan “niño por nacer”, creando con sus falacias una persona donde no la hay, e ignorando los derechos de la persona que sí existe, la mujer, a la que se reduce al rol de incubadora. Abortamos a pesar de las advertencias de estos mismos sectores que nos hablan de un supuesto daño psicológico irreversible, porque sabemos que, más allá de la persecución moralizadora y culpabilizadora de estos sectores, el único daño irreversible que nos amenaza es el físico, como la esterilidad o la muerte, consecuencia de la misma clandestinidad de la práctica, y no una angustia con la que intentan desmentir la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Abortamos aunque nos traten de asesinas e irresponsables, ignorando la relevancia que la contemplación de los derechos de las mujeres tiene en la agenda de los derechos humanos, y la alta incidencia que tiene en la Argentina la falla del método anticonceptivo en los embarazos, la violencia de género o la desinformación: el 40% de los embarazos en el país no fue buscado, un porcentaje que alcanza el 70% en adolescentes[6].

Abortamos en gran número, y por eso el derecho a hacerlo es un asunto relevante de salud pública. Recientemente, en la jornada “El aborto, un problema de salud pública”, el doctor Mario Sebastiani, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y presidente del Comité de Bioética de ese hospital, explicaba que en la Argentina se registra casi un aborto por cada embarazo llevado a término, es decir, más de 500.000 al año[7]. La clandestinidad de esta práctica genera al año más de 50.000 internaciones por aborto mal realizado[8] y más de 200 muertes de mujeres en edad fértil. Estos son los números que obligan a dejar de pensar en el aborto como una cuestión moral para entenderlo como un aspecto principal de la salud pública. Explica el doctor Sebastiani: “Hay algunos lugares donde esto está relegado a la clandestinidad, a la inseguridad, a la enfermedad y a la muerte; y en otros donde es un triunfo de la salud pública. Lo que significa que aún siendo terriblemente dificultoso el problema del aborto desde el punto de vista moral, religioso, humanitario, la salud pública les dice a las mujeres que no las va a desproteger ni les dará la espalda. La salud pública les ofrecerá a esas mujeres un procedimiento absolutamente seguro que interrumpa la gestación, luego las asesorará a los efectos de que no vuelvan a tener una repitencia y de que no vuelva a tener un embarazo no deseado. Esta escenografía se contrapone a la clandestinidad que resuelve el problema cuanto antes y de las peores maneras”[9]. La mención a la prevención de la repitencia hace foco en otro de los cuestionamientos frecuentes a la legalización del aborto: la posibilidad de que aumente la práctica. Es un argumento que suele utilizarse contra la ampliación de derechos: se dijo que las parejas se separarían más si se legalizaba el divorcio, o que se produciría una crisis social y familiar con la sanción del matrimonio igualitario. En el caso del aborto, no solamente se evitarían el daño físico y la muerte de las mujeres en edad fértil, sino que además, al quedar la práctica dentro del sistema de salud, se la podría asesorar con información médica veraz, y proveer con métodos anticonceptivos, para que pueda evitar la realización de una nueva interrupción de un embarazo no deseado. Contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligará a nadie a abortar, pero, si asegurará la salud de las mujeres que aún a riesgo de enfermarse, morir o ir presas interrumpen sus embarazos porque no es su momento, o porque no lo pueden sostener económicamente o porque han sido violadas.

En los últimos años, los derechos humanos se han convertido en parte central de la agenda pública argentina. Así como reconocemos este avance, corresponde recordar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente a través de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos (CDH), se sostiene que la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe dejar de ser un asunto de moral pública para ser reconocida como un asunto central de los derechos humanos. El Relator Especial del CDH, Anand Grover, en el párrafo 21 del informe “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostiene: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”[10].

Es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros legisladores y legisladoras tienen la obligación política de avalar, en este debate, el proyecto que reconoce el derecho absoluto a la interrupción voluntaria del embarazo, como práctica regular dentro del sistema de salud en todos los sectores. Las mujeres en la Argentina necesitamos, tenemos derecho y lo reclamamos, a la educación sexual integral para decidir, al libre acceso a los métodos anticonceptivos para no abortar, y la interrupción voluntaria del embarazo con garantía, legal, seguro y gratuito para no morir.


Firmamos: Mendocinxs por la Igualdad – Libres por la Diversidades – Juana Azurduy – Coordinación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo - Movimiento Universitario SUR – Libres del Sur Mendoza en el Frente Amplio Progresista

Fuentes:

[1] “Algo habrán hecho”, en Aborto con Pastillas, 31-08-2010. http://abortoconpastillas.info/2010/08/31/algo-habran-hecho/
[2] “ONGs de Argentina Denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la criminalización del aborto”, en Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia familiar, 29-03-2011. http://www.proteccioninfancia.org.ar/node/464
[3] “Condenada en nombre de la medicina”, en Página/12, 29-03-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165132-52784-2011-03-29.html
[4] “Denunciaron el abandono en que se encuentra la niña violada a la que se le negó el aborto no punible”, en RedMisiones.TV, 13-10-2011. http://www.redmisiones.tv/ampliar.php?id=1011
[5] “Una vida en riesgo por negar un aborto”, nota de Mariana Carbajal en Página/12, 13-10-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-178801-2011-10-13.html
[6] “Madres argentinas: tienen en promedio de 2 a 3 hijos”, en Diario El Ciudadano y la Gente, 16-00-2011.
http://www.elciudadanoweb.com/?p=260010
[7] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[8] “Reclaman políticas para evitar muertes durante el embarazo y el parto”, en DocSalud.com, 28-03-2011. http://www.docsalud.com/articulo/2232/reclaman-pol%C3%ADticas-para-evitar-muertes-durante-el-embarazo-y-el-parto
[9] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[10] “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 03-08-2011. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=/english/&Lang=S

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA: Despenalizar no es suficiente

Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El 28 de septiembre es el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. La fecha hubiera coincidido con una trampa legislativa en el Congreso nacional argentino, si no hubiera primado el criterio de no debatir temas sensibles durante la campaña electoral. La trampa consistía en presentar a discusión todos los proyectos juntos, entre los cuales se encuentra el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en un extremo, y el del diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en el otro. La Campaña viene peleando desde hace tiempo por la aprobación de un proyecto, que ya cuenta con la firma de 50 diputados, que convierta la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho para todas las mujeres. Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, intentó poner a debatir, junto a la iniciativa de la Campaña, el texto de su creación, en el que se apropia de la argumentación que valida el derecho irrestricto para fundamentar una pretendida garantía de derechos. En realidad, lo que hace el proyecto de Vega, en la pretendida modificación del artículo 86 del Código Penal, es exigir la denuncia policial o judicial en caso de violación y, aunque impone la obligación de realizar el procedimiento al sistema público, también añade el límite de las 12 semanas de gestación para cualquiera de los dos casos reconocidos: violación y riesgo para la salud de la madre. Reconoce también la figura del objetor de conciencia, permitiendo la no realización de la intervención en el supuesto caso de ser el efector de salud persona contraria al espíritu de la IVE.

Esto es una clara violación al derecho de las mujeres de ejercer libre y voluntariamente la maternidad o de no ejercerla, sosteniendo antiguas construcciones culturales que reducen a las mujeres al acto de procrear, sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de ellas. Es por ello que consideramos que pensar la despenalización es insuficiente. Es poner límites a los derechos, es buscar consensos que negocian necesidades a cambio de votos. Es no reconocer el contexto en que se producen los embarazos no deseados en el país: violencia de género, falta de información, falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Es volver a desentenderse de la salud y la integridad de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, que son las que sufren en mayor medida los efectos de la clandestinidad de la práctica; una clandestinidad que se ha cobrado la vida de 3000 mujeres desde el regreso de la democracia al país.

El proyecto de la Campaña, en cambio, reconoce el derecho irrestricto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo para todas las mujeres hasta la semana 12 de gestación, y lo amplía más allá de esta etapa para los casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformaciones graves del feto. Impone, además, la obligación al sistema público de salud de realizar esta práctica toda vez que se la solicite.

El proyecto de la Campaña se enmarca en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo que hace al ejercicio de su sexualidad, y la eventual maternidad, libre de imposiciones y de violencias, tanto en el ámbito personal como en el institucional obstétrico. Exige dar una respuesta parlamentaria a un debate iniciado en la sociedad desde la recuperación de la democracia y crear las condiciones para que tome cuerpo la consigna histórica: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.

Enlace al texto del proyecto presentado por Vega:

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4206-D-2011

Enlace al texto del proyecto de la Campaña:

http://www.abortolegal.com.ar/?p=600

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Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo es una fecha que nada tiene que ver con la obligación de repartir flores entre las empleadas de una empresa, ni de llevar a la novia a cenar, o prestarle la tarjeta para que se compre zapatos. Lejos del blanqueado ideológico y la integración de este día a la lógica consumista, se trata de una celebración que recuerda la lucha de las mujeres trabajadoras por sus derechos, una lucha que tuvo y tiene víctimas, mártires heroínas y millones de beneficiadas. Cada conquista tiene un impacto en la vida de siguientes generaciones que no debe olvidarse ni resignarse.

Son muchos y variados los logros de las mujeres habitantes de la Argentina en los últimos años. Hay mujeres en puestos clave de la función pública, tanto en lo legislativo como en los puestos técnicos y decisorios. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron reconocidas aquí y en ámbitos internacionales por su incansable búsqueda de verdad y justicia en relación con los crímenes de la dictadura. Ex detenidas-desaparecidas de Mendoza han contribuido a esa búsqueda, al lograr, con sus testimonios, que las violaciones en los centros clandestinos de detención se consideraran delitos de lesa humanidad.

En lo que respecta a la maternidad, la Asignación Universal por Hijo ha representado, ya que no una solución, sí un enorme alivio para miles de mujeres jefas de hogar que se esfuerzan día a día por alimentar a sus familias. La extensión de esta cobertura a las embarazadas a partir del segundo trimestre, compromete al Estado a acompañar la decisión de quienes deseen maternar.

Desde distintas modalidades, entre el empleo y las cooperativas, las mujeres han regresado al mercado laboral.

El matrimonio igualitario representa un avance para las mujeres lesbianas, pues reconoce en plenitud el vínculo de pareja, con todos sus derechos y obligaciones. Por extensión, da cobertura legal a las familias homoparentales, que existen desde mucho antes de que se modificara la ley pero vivían en la precariedad.

Las mujeres trans, por su parte, lentamente van siendo reconocidas por su género. Aun cuando no hay una ley del Congreso al respecto, muchas han logrado modificar sus documentos para que el nombre legal se corresponda con el real. La ex detenida desaparecida Valeria Ramírez, perseguida por la dictadura por su doble condición de luchadora y trans, dio, hace pocas semanas, testimonio de su cautiverio usando su nombre femenino. Las que deban hacerse el nuevo documento a partir de este año, pueden fotografiarse con su imagen habitual de mujeres, aunque el nombre legal sea de varón.

Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Las 260 mujeres víctimas de la violencia de género durante 2010, sumadas a las que fueron quemadas por sus parejas o ex parejas en lo que va del año, son clara señal de la necesidad urgente de un cambio legal y cultural por el que se reconozca e identifique el femicidio como tal, y se lo combata desde la justicia y la educación.

El derecho a la salud sexual de las mujeres sigue condicionado por la manera arbitraria y conservadora en la que se instrumentan los programas de salud sexual y reproductiva en las diferentes provincias. La plena puesta en marcha de estos programas, junto con la legalización del aborto, son enormes deudas que el Estado debe cubrir.

El derecho a disponer del propio cuerpo también se ve amenazado permanentemente por las redes de trata y explotación sexual. Estas redes se sostienen en un marco de falta de controles entre distritos, complicidades policiales y judiciales, y leyes que cuestionan a las víctimas pero disculpan a los responsables. El Estado debe eliminar la trata, impedir nuevos secuestros y condenar a toda la línea de los involucrados en el comercio de mujeres y niñas.

Las parejas de lesbianas y las familias homoparentales necesitan visibilizarse en un marco de pleno respeto, sin miedo a la discriminación, segregación u otras formas de violencia simbólica o física.

La ley de Identidad de Género es también una deuda para con las mujeres trans, que necesitan el reconocimiento de su identidad de mujeres para estudiar, trabajar formalmente, legalizar sus parejas y familias, y vivir plenamente sus vidas.

El trabajo se da en paralelo entre el ámbito político y lo cotidiano, porque uno de los obstáculos habituales a la hora de reivindicar un derecho es la estigmatización de las que luchan como quilomberas, como inadaptadas, insatisfechas o feministas en un sentido despectivo. La fecha, además de celebrar lo conquistado y tener presente lo que falta, convoca también a recordar que el feminismo no es la lucha por el poder de las mujeres sobre los hombres sino por el derecho a decidir sobre sus propias vidas, y que ninguna democracia se construye ni se consolida si una mitad de la población se ve subordinada a la otra.