Abren el registro para que ex presos de la dictadura reciban pensión vitalicia

Llegaron a Mendoza las políticas reparatorias para aquellos mendocinos que fueron detenidos durante la dictadura militar. Por eso, a partir del lunes, podrán inscribirse para percibir la pensión vitalicia que establece la Ley Provincial 8.385, y fue implementada mediante el decreto 514 que firmó Francisco Pérez el 24 de marzo. De esta forma, todas las personas que hayan sufrido la privación ilegítima de la libertad entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 estarán incluidas dentro del Sistema de Reparación para las Víctimas del Terrorismo de Estado.

Para ello, se deberá completar un formulario que ya está disponible en la página www.social.mendoza. gov.ar. Allí se piden datos de la situación laboral, familiar, habitacional, sanitaria y económica actual, entre otros ítems. Luego, se deberá presentar esta documentación en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cartera de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Para quienes cumplan con todos los requisitos, se destinará una pensión mensual, cuyo monto equivale a una clase 10 del escalafón profesional de la Administración Pública. Se trata de un básico de 1.000 pesos, sin que se incluyan ítems adicionales, ya que el beneficiario está aislado de la actividad laboral. El monto se irá actualizando de acuerdo con los aumentos que perciba en el básico el empleado público.

El dinero para las pensiones saldrá de los fondos del Gobierno provincial, aunque no se sabe aún cuánto se desembolsará en total hasta que no vayan apareciendo las solicitudes. Rubén Cuello, director de Protección de Derechos Humanos, señaló ayer: "Se trata de una medida importantísima para la Provincia, ya que abre la posibilidad de concretar las políticas reparatorias, que no sólo se acotarán al dinero, sino, además, a una serie de medidas vinculadas a la vivienda, la salud, la asistencia psicológica, etcétera".

El funcionario aclaró enseguida algunos puntos administrativos de inscripción: "No hay cupos ni plazos para presentar la solicitud de la pensión. La inscripción es personal y gratuita. Los formularios están en internet, también impresos en las oficinas de Derechos Humanos, y no se necesita de un abogado para iniciar el trámite". Los exigencias para recibir el beneficio son: llenar la solicitud, tener copia certificada por la autoridad competente del DNI u otro; y copia con toda la documentación que acredite condiciones para acceder al beneficio, como haber sido procesado en Tribunales, entre otros; cualquier documento que compruebe su privación ilegítima de la libertad o haber estado detenido o desaparecido o condenado entre las fechas antes mencionadas; certificado que acredite domicilio real en Mendoza y no recibir otra pensión por la misma causa.

ANTECEDENTES.
Mendoza no es la única provincia donde se comienza a resarcir a las víctimas de la dictadura, más allá que desde el Gobierno aseguran que se trata de una política "casi pionera en el país". También la provincia de Buenos Aires implementó la normativa y ha contabilizado, por ahora, más de 1.600 pensiones vitalicias para los ex presos.

Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, evaluó la pensión como "una ley muy buena y necesaria", pero aclaró enseguida que se trata de "una ley declarada y promovida dentro de un contexto político donde se han dispuesto distintas formas de reparación a las víctimas de crímenes del terrorismo de Estado y, lo de Mendoza, no es una excepción".

"Desde el 2003 se viene trabajando en políticas reparatorias para las víctimas de la dictadura e, incluso, hubo tres leyes reparatorias en el gobierno de Carlos Menem. Lo importante aquí es que se ponga fecha al segundo juicio por delitos de lesa humanidad.

Quedan demasiados juicios y hay que avanzar en estos y en las condenas", concluyó el abogado. 

 

Fuentes: Valeria Caselles - Diario El Sol

LA MUERTE NO ES IGUALITARIA

Nos sacude sobre la medianoche la noticia de la muerte de Claudia Pía Baudracco, mujer trans, Coordinadora Nacional de ATTTA y Secretaria por las mujeres Trans en la Federación Argentina LGBT, militante de los derechos de la diversidad, del proyecto de Ley de Identidad de Género y el de Ley de Asistencia Sanitaria Integral. No hay nadie en la militancia LGBT que no conozca, de manera personal o mediada, el rostro, la voz, la presencia física, el discurso y el trabajo de Claudia Pía. Hace algunos meses, ella sostuvo este diálogo con sus compañeras:
“— ¿Todas ustedes me conocen? —pregunta Claudia Pía Baudracco, dirigente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentinas, y todas responden que sí—. ¿Alguna sabe el nombre que figura en mi DNI?

La pregunta las sorprende. Está claro que ninguna lo sabe. Entonces, Pía insiste:

—Si tengo un accidente, me van a buscar en los hospitales por Claudia Pía… ¿Cómo van a hacer para encontrarme?”*

Claudia Pía no tenía el reconocimiento legal de su identidad de género, por lo que todo lo que toca ahora en relación con los trámites de defunción, se hará de acuerdo al nombre que figura en su documento. Un nombre en el que ella no se reconocía y que no significa nada para su entorno.

Esta situación triste, injusta e indignante es la norma en la vida de las personas trans porque todavía no es ley la posibilidad de cambiar el nombre registral (el que figura en el documento) por ese otro nombre, el que se percibe como verdadero porque expresa la persona que se es más allá de cualquier pretendido condicionamiento biológico y más allá de las expectativas sociales que sobre cada persona se depositan. Es decir que mientras las personas cisgénero (las que viven su género identificado con su sexo de nacimiento) pueden ser tratadas desde el hospital hasta los funerales por su nombre verdadero, las personas trans (para quienes la identidad de género es distinta del sexo de nacimiento) se mueren bajo el nombre de alguien que no existe en la realidad.

Morirse para volver a convertirse en ese nombre que no expresa la identidad es el acto final de una vida de desigualdades, en la que la negación y la exclusión van cerrando puertas. Esas puertas que unas pocas pueden atravesar con enorme esfuerzo, porque se les presentó la oportunidad y pudieron reconocerla, organizarse y aprovecharla, pero que la inmensa mayoría mira desde afuera, desde la marginalidad, desde el trabajo sexual obligado por el hambre, la imposibilidad de estudiar, el maltrato de la policía y el desprecio social.

La muerte no es democrática ni nos iguala a todxs si para una gran parte de la población no existe el derecho a existir, vivir la vida, morir y ser despedidx de ella con la identidad que cada unx se construye.

* “El derecho de llamarse Marcela”, nota de la Federación LGBT.

MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Nuevamente nos hemos encontrado un 25 de noviembre marchando contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. La gran novedad de este año fue la incorporación de la “marcha de las putas”, que se concentra en el derecho al uso, disfrute y circulación de las mujeres por el espacio público, sin la intromisión que, con la excusa del piropo, se convierte en una agresión por parte de los varones, como un precio a pagar por decidir andar solas por la calle. Como todos los años, a la vez, marchamos por el derecho a una vida íntima sin la violencia física y sexual de un compañero maltratador, por una inserción laboral igualitaria, por una vida sexual y reproductiva sana y autónoma, por la diversidad sexual vivida en un marco social de respeto, por una representación mediática que nos empodere en lugar de cosificarnos y de naturalizar la violencia sexual ejercida sobre nosotras.

Marchamos en un contexto contradictorio. La pelea sostenida en los tribunales mendocinos dio sus frutos, y hoy se reconocen las violaciones a las detenidas desaparecidas durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, crece la violencia hacia nuestros cuerpos. Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro a partir de coberturas mediáticas, daban cuenta en 2010 de 260 asesinatos de mujeres por parte de hombres de sus entornos, incluyendo parejas y ex parejas. Este año la cifra se ha incrementado: hasta octubre de este año, se habían cometido 230 crímenes, es decir, un 10% más que el año pasado en el mismo período. Es más de una muerte cada 1,5 días. En paralelo, leemos todas las semanas acerca de sentencias sobre casos previos en las que el sexismo de integrantes del Poder Judicial disculpa la violencia de los machistas femicidas con la reducción de las penas. También aumentaron las llamadas a los organismos de denuncia y acompañamiento de la víctima de violencia de género, pero sigue siendo difícil para muchas mujeres hacer valer su derecho a una vida sin agresiones, cuando la policía o las fiscalías no atienden a sus denuncias y pedidos de auxilio, alimentando así la espiral que comienza en el insulto y termina con una mujer baleada, apuñalada o quemada. El trabajo del Observatorio visibilizó también un tipo de crimen que describe como “femicidio vinculado”, que consiste en el asesinato exclusivo o extensivo sobre lxs hijxs de la mujer víctima de violencia, con la voluntad, muchas veces explícita, de pegarle donde más le duela o quitarle lo que más quiere. Esta visibilización se logró por la dramática realidad de 16 niñxs de menos de 12 años que murieron violentadxs por parejas actuales o pasadas de sus madres, incluyendo a sus propios padres. Llevamos al Congreso y a los medios el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, donde enfrentamos los argumentos más absurdos y reaccionarios contra nuestra autonomía. La presión conservadora de corte religioso sobre lxs legisladorxs fue más fuerte, y el debate quedó trunco hasta el próximo año, mientras mujeres niñas y adultas siguen siendo victimizadas porque no se les reconoce el derecho a un aborto no punible, o mueren destrozadas por las consecuencias de un aborto inseguro. Protestamos y denunciamos cuando desde diarios, radio o televisión, periodistas, humoristas, conductores o publicistas nos insultan, nos convierten en objetos sexuales o nos agreden de cualquier manera. Aun así, se multiplican las escenas basadas en los cuerpos de las mujeres, las pautas realizadas a partir de estereotipos, las expresiones públicas más exacerbadas de machismo. El Secretario General de la Mesa de Diversidad Sexual y Género de Cuyo, Macoco Guajardo, decía días atrás, en las II Jornadas de Capacitación y Perfeccionamiento “Diversidades y Derechos Humanos”: “Las mujeres han sido moneda de cambio de todos los gobiernos”. Hablábamos de cómo tantas veces se negoció el apoyo de la Iglesia al poder político a cambio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el acceso garantizado a métodos anticonceptivos, a información completa y confiable, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Suele sostenerse también que el recrudecimiento de la violencia de género aparece como represalia ante el avance de las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos.

Existe una manera de superar este juego de opuestos que resulta fatal para tantas mujeres: la concientización y la sensibilización. En la medida en que podamos educar y educarnos en la idea de la igualdad de los géneros, podremos empoderarnos, asegurarnos el respeto y la contención de las instituciones, y el aislamiento, desactivación y desnaturalización de las conductas violentas, y la solidaridad entre las mujeres.

II JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: "DIVERSIDADES Y DERECHOS HUMANOS"

Las II Jornadas de Capacitación y Perfeccionamiento: “Diversidades y Derechos Humanos” se desarrollaron entre el 16 y el 18 de noviembre en la sede de ATE de la ciudad de Mendoza. Este es un breve resumen de lo que se expuso en estas jornadas:

Silvina Anfuso: “Violaciones a Detenidas en la Última Dictadura Militar”. Es necesario visibilizar la violación sistemática como forma de tortura de detenidas desaparecidas durante la última dictadura. El poder heterosexista castigó de esta manera a las mujeres que se atrevían a salir de la esfera privada para abrazar causas militantes y políticas y desafiar el modelo de sociedad patriarcal. La violación fue un método de disciplinamiento.

 Macoco Guajardo: “Incidencia de la Diversidad Sexual en las Políticas Partidarias”. Es necesario el reconocimiento de las grandes organizaciones de diversidad que nos antecedieron. Colectivos como Nuestro Mundo, Frente de Liberación Homosexual, la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación LGBT, fueron pioneras en la visibilización y la reivindicación de derechos, aun en tiempos hostiles y frente a la incomprensión política. Si se pudo lograr matrimonio igualitario, se puede lograr todo lo demás.

José María Vitaliti: “Derechos vulnerados de Niñxs y Adolescentes”. La infancia, etimológicamente, era el tiempo de no tener voz. Durante el siglo XX, en la Argentina lxs niñxs fueron simplemente "menores". A partir de este siglo, comenzamos a pensarles como "niñxs", pero seguimos hablando en lugar de ellxs, sin escucharlxs. Debemos empezar a reconocer sus fortalezas y a hacer la autocrítica de quienes trabajamos por sus derechos. La intervención de José María Vitaliti fue novedosa en el sentido de tratar el tema de la niñez en una jornada de diversidad y derechos humanos, algo que no se hace habitualmente en nuestra provincia.

Lisandro Soriano: “Situación del VIH/Sida en Mendoza”. Las campañas de prevención de VIH/Sida han fallado. Si en los últimos 7 años, el 97% de los nuevos casos son de infección por vía sexual, es que las campañas universales y no segmentadas, basadas en la apelación a la racionalidad, desconocen la relevancia del clima erótico y la posibilidad de erotizar el preservativo y su uso. Dentro de los grupos estigmatizados, hay más conciencia, testeo y cuidado que en los demás.

Mauricio Carrillo: “Acoso Escolar: Violencia y Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”. Niñxs y adolescentes han naturalizado la violencia que se da entre pares (bullying). La violencia explícita es mayor entre los varones, pero en exclusión, hay semejanza entre varones y mujeres. Hay que actuar contra la discriminación desde el aula y el hogar. Nuevas formas de acoso: las que se valen de Internet. Hay que crear una red en torno a la víctima y aislar la conducta agresora. No hay campañas públicas sobre el tema en el país.

Sebastián Sosa Melli: “Acción de Nulidad de los artículos discriminatorios del Código de Falta Provincial”. Los códigos de faltas que aún quedan son incompatibles con los tratados internacionales incorporados a la Constitución. El código empodera a la policía para perseguir a lxs trabajadorxs sexuales, pero hay que educar a lxs agentes contra la discriminación. El derecho tiene que mirar la realidad y salvaguardar a la persona. Se ha roto el pacto con el Estado porque emergieron actores antes invisibilizados. La Iglesia interviene e interfiere en la actividad del Estado. Si no sirve para garantizar el respeto a las personas, el Estado no sirve para nada. Hay que impedir el maltrato a lxs trabajadorxs sexuales.

Fátima Olivares/Francia Guerra/Mariana Contreras: “Trabajo Sexual: Especificidad frente a la Trata de personas”. AMMAR trabaja para la organización de las mujeres trabajadoras sexuales, para la prevención de VIH/Sida e ITS, y por la educación de las asociadas. Su mayor problema es el acoso policial, con o sin códigos de faltas. Buscan empoderarse, superando el prejuicio internalizado de su inutilidad como personas y de un aporte negativo a la sociedad.

Nicolás Linares: “Diagnóstico Participativo Nacional en Diversidad y Salud”. El programa "Diagnóstico Participativo Nacional en Diversidad y Salud" busca garantizar para todxs el acceso a la salud. Se busca que las personas trans se acerquen e incorporen al sistema de salud desde la atención primaria, que es prevención, hasta el rol de capacitadorxs. Se ganaron derechos, pero falta la Ley de Identidad de Género, y una ley de fertilización asistida que sea inclusiva. Se trabaja para modificar los protocolos de atención.

Laura Schuster: “Sexualidades y Adolescencias”. La sexualidad es un aspecto integral de la vida. Hay muchos mitos entre lxs adolescentes sobre el sexo. El mercado está dirigido a ellxs, y lxs adultxs les suponemos saberes que no tienen. Se inician llenxs de temores. La sexualidad cuesta, porque es una construcción. Concentran el cuidado en prevenir embarazos pero no ITS's. Las disfunciones sexuales en la adolescencia aparecen cuando se tienen relaciones sin mínimas condiciones de seguridad, comodidad, privacidad. Necesitan el acceso a consejería, a métodos anticonceptivos gratuitos. En consejería, el preservativo no se discute, se entrega a manos llenas. El 15% de los embarazos se da en adolescentes, que no tienen capacidad de planeamiento y anticipación. Se apunta a la inclusión de la diversidad y a sus derechos.

Elizabeth Auster: “Autonomía sobre el propio cuerpo”. En las decisiones que cada persona toma sobre su cuerpo se encarnan sus derechos. Nos asumimos como sujetos de derechos y exigimos al Estado que nos los reconozca. La autonomía puede respetarse o violarse, aunque la ley nos proteja en teoría. El lenguaje no sexista visibiliza colectivos, exclusiones y derechos. Para entender cómo se afecta la autonomía, debemos preguntarnos, ante cada decisión política, sobre quiénes y de qué manera impacta.

Karina Ferraris: “Interrupción Voluntaria del Embarazo”. La misoginia y el Estado tutelar están en la base de la negativa al derecho al aborto. Lo que se discute es un derecho, no una obligación. Lo que cuenta es el deseo de seguir adelante un embarazo y maternar, y no es un debate religioso sino de salud pública. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. La ilegalidad no impide que se hagan 460.000 abortos al año. En Mendoza hay 2600 casos anuales de atención post aborto inseguro. Las políticas públicas se piensan desde la prevención. Lo que hace inseguro al aborto es la clandestinidad. La legalización no tiene efecto multiplicador; la clandestinidad es hipócrita. Hay casos paradigmáticos, como el de Ana María Acevedo, de violación al derecho al aborto no punible, que llevaron a la Argentina a responder frente a organismos internacionales por violación de los derechos humanos.

Karina Ferraris, Macoco Guajardo, Elizabeth Auster: “Ley de Identidad de Género”. El proyecto de Ley de Identidad de Género (LIG, en adelante) busca el pleno reconocimiento de la identidad genérica de las personas trans, y el acceso a los recursos médicos que necesiten para adecuar sus cuerpos a sus realidades genéricas, a través del proyecto de Asistencia Sanitaria Integral. La LIG categoriza travestismo y transexualismo de acuerdo a si se conservan los genitales o se modifican, pero no explica qué es ser trans, porque esa es una construcción identitaria personal y única. El derecho a la identidad es básico para ejercer otros derechos. El proyecto da un salto cualitativo al dejar atrás la patologización de la transgeneridad: aquí se parte del derecho a la salud como derecho humano.

Las 12 exposiciones de estas jornadas mostraron una diversidad de temas: género, violencia institucional, niñez, derecho, sexualidades, discriminación, inclusión, militancia, salud, y múltiples cruces entre todos ellos. Vimos diversas maneras de poner el cuerpo en juego y diversas maneras en que el Estado se relaciona con las personas: con compromiso, con violencia, con control moral, con negligencia, con incomprensión, con excusas. Nos propusimos, y lo logramos, encarar el largo temario desde la perspectiva de los derechos humanos, pensar en las reivindicaciones exitosas, las batallas que nos quedan por pelear y los obstáculos que se nos presentan. La devolución del público hizo hincapié en la gran necesidad que tienen como estudiantes y profesionales de pensar e informarse en estas temáticas, que son sistemáticamente ignoradas en los planes académicos.

Tenemos mucho que agradecer a nuestrxs panelistas. Hubo en estos días integrantes de organizaciones sociales, de organizaciones partidarias, de programas de salud del Estado, profesionales independientes. Cada unx tenía una posición ideológica y operativa respecto del gobierno y sus políticas: pertenencia, crítica, enfrentamiento, oposición, reclamo, apoyo. Siendo concientes de esta otra diversidad que planteaban las jornadas, todxs lxs panelistas las apoyaron desde el momento en que no dudaron en aceptar la invitación, hasta las corridas de último minuto para ayudar a solucionar problemas inesperados. Decíamos el miércoles al comenzar que aspirábamos a mucho más que la tolerancia; y el respeto y el debate enriquecedor que tuvimos finalmente, es un ejemplo de nuestros objetivos. Agradecemos de corazón a nuestrxs panelistas, y a las organizaciones, instituciones, medios y organismos que nos apoyaron y trabajaron junto a nosotrxs: la agrupación Diversidad Socialista, la revista Noticias y Universidad, Radio Nihuil, Radio Libertador, Mendoza Opina, Diario Los Andes, Infancia Hoy, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo, Secretaría de Extensión, Cooperación y Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo, Programa Provincial de Sida, Programa Provincial de Salud Reproductiva, Dirección Nacional de Sida e ITS, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Libres por las Diversidades, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), y a la Asociación de Trabadores del Estado (ATE). No queremos olvidarnos de agradecer a todxs aquellxs que difundieron este evento desde sus espacios, sean en redes sociales o en medios de comunicación.

Estamos muy felices con el resultado de estas jornadas. Lxs asistentes mostraron un gran compromiso al anotarse previamente y asistir a un evento tan exigente en cantidad de horas. Les estamos muy agradecidxs, tanto por su presencia a lo largo de los tres días como por la participación permanente en los debates que generó cada exposición. Esperamos que las jornadas les hayan representado también la oportunidad de relacionarse entre personas con inquietudes en común, porque es mucho lo que hay por hacer, creando redes, participando, formando y concientizando.

LAS CIFRAS PARA ABRIR EL DEBATE

Un estudio con métodos científicos validados en el mundo determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento. La investigación, encargada por el Ministerio de Salud, brinda por primera vez datos confiables sobre el fenómeno.

Por primera vez se estimó la magnitud del aborto en la Argentina a través de dos métodos científicos validados internacionalmente. El cálculo obtenido concluyó que anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Se concluyó que a lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Además, se dedujo que por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requieren.

“Es un avance importante. Ahora hay un número con un sustento científico. No es más una apreciación fortuita”, destacó la médica Zulema Palma, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de más de 250 ONG que el lunes último presentó en el Congreso un proyecto de legalización del aborto (ver aparte).

El estudio fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, a un equipo encabezado por reconocidas investigadoras en la temática: Edith Alejandra Pantelides, del Conicet y el Centro de Estudios de Población (Cenep), y Silvia Mario, del Instituto Gino Germani de la UBA. “Hasta ahora había estimaciones más precarias”, señaló a Página/12 Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien viene estudiando desde hace varios años la problemática del aborto en la Argentina. La cifra que se mencionaba desde organizaciones de mujeres y voces gubernamentales era de alrededor de medio millón de abortos por año: finalmente es un número que se acerca al obtenido a través de las dos metodologías científicas validadas internacionalmente usadas por Pantelides y Mario.

“Como toda información con rigor científico, permite armar el debate social en mejores términos. Además, desmiente a quienes sostenían que no había tantos abortos en el país. Cincuenta mil abortos más o menos no hacen diferencia a la hora de evaluar el problema”, consideró Ramos. “Un aspecto importante –agregó– es ver la relación entre el total de nacimientos y la cantidad de abortos: ésa es la magnitud relativa a tener en cuenta.”

Medir la dimensión de una práctica clandestina, que es penalizada por el Código Penal, no es sencillo. Por esa razón, obviamente, no existen registros oficiales. “Se debió recurrir a métodos indirectos y se abandonó la pretensión de obtener una cifra exacta, sino más bien un rango de órdenes de magnitud”, explicó Mario. “Se ha utilizado la mejor metodología del mundo disponible, con las restricciones que tiene por los parámetros que hay que medir”, subrayó Ramos.

Las investigadoras recurrieron a dos métodos muy diferentes. El primero está basado en estadísticas del sistema de salud, en este caso el registro de egresos hospitalarios en el que quedan asentadas las hospitalizaciones debidas a abortos complicados. Se parte del supuesto de que estos casos, que demandan atención médica, representan sólo una parte del total de abortos inducidos. A partir de una encuesta a informantes clave, mayoritariamente jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia del sector público con desempeño también en el ámbito privado, el equipo coordinado por Pantelides y Mario estimó la cantidad de abortos que se practican en la clandestinidad, que no terminan en complicaciones que requieran internación.

Se calculó entonces que por cada mujer que llega con hemorragias o infección a un hospital después de un aborto, hay siete que no demandan ayuda médica, principalmente porque la interrupción se hizo de forma más segura y con menor riesgo. A ese número –que representaría la parte oculta del iceberg– se lo denomina “factor multiplicador”. Se multiplicaron por siete la cantidad de egresos hospitalarios (el último registro corresponde al año 2000) post-aborto. Así, las investigadoras concluyeron que se practicarían un total aproximado de 460 mil abortos a nivel nacional.

Las entrevistas a informantes clave fueron realizadas en el conurbano y en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Resistencia. Además de médicos, se encuestaron integrantes de ONG de mujeres y jefes provinciales de programas de Salud Reproductiva.

Para llegar al multiplicador 7 tuvieron en cuenta una serie de conclusiones obtenidas a través de la encuesta. Entre ellas que:

- La práctica del aborto asistida por profesionales médicos se considera segura.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos medios y altos rara vez (o nunca) recurren a no médicos o se autoprovocan un aborto.

- Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos recurren para interrumpir un embarazo mayoritariamente a personas que no son médicos o se lo provocan ellas mismas.

- En la mayor parte de los casos, los abortos autoinducidos se provocan con la ingesta o introducción vaginal de pastillas de misoprostol, una droga que se puede comprar bajo receta en las farmacias y tiene otra indicación médica.

- Entre el 80 y el 100 por ciento de las mujeres con complicaciones por un aborto recurren a un hospital público.

- Los métodos más usados por los médicos son la dilatación y legrado y el aborto con medicamentos (en general, con misoprostol).

“La percepción de los entrevistados indica que en la actualidad la práctica del aborto inducido parece realizarse en un contexto de mayor seguridad que en el pasado, sobre todo para las mujeres de estratos medios y altos, a pesar de su ilegalidad. Es esperable entonces que las hospitalizaciones reflejen una proporción pequeña del total de abortos”, sostuvieron Pantelides y Mario en su investigación, que lleva por título “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”. En ese sentido, advirtieron que la práctica del aborto ha cambiado “sustancialmente” durante las últimas décadas. Por un lado, el uso extendido de antibióticos como preventivo de infecciones por parte de quienes realizan el procedimiento médico y de las mismas mujeres “ha reducido notablemente el riesgo de complicación”. Por otra parte, la utilización del misoprostol, “método con escasas complicaciones asociadas”, se ha difundido entre los proveedores de abortos y también entre las mujeres.

Dos por cada mujer

A través de la otra metodología científica aplicada se obtuvieron dos estimaciones, combinando distintas variables, que ubican el número de abortos anuales entre 486.000 y 522.000, para el 84 por ciento de la población femenina. Por lo tanto, habría que sumarle un 16 por ciento más: con lo que se obtiene un número total de entre 560.000 y 615.000 interrupciones voluntarias de embarazo inducidas.

¿Cómo se llega a esa estimación? Este método no es sencillo de explicar. Consiste en relacionar una tasa de fecundidad máxima teórica por mujer –que surge de estudios internacionales que evaluaron distintas poblaciones– con los factores que la disminuyen: el uso de anticonceptivos, la infertilidad post-parto y el aborto. Todos los índices se calcularon con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-2005, que incluye un módulo sobre salud sexual y reproductiva e indaga además sobre lactancia en el cuestionario de niños. “El índice para el aborto se obtiene a partir de los valores conocidos –uso de anticonceptivos, infertilidad post-parto teniendo en cuenta la lactancia promedio en la Argentina–, reordenando los términos de la ecuación principal. A partir de este índice se calcula la tasa de aborto y el número de abortos anual, en esta caso el año 2004-2005”, explicaron las investigadoras.

La estimación indica que cada mujer a lo largo de su vida fértil se practicaría dos abortos. La tasa de abortos cada mil mujeres sería de 60. Teniendo en cuenta que en el país se producen alrededor de 700 mil nacimientos cada año, habría poco menos de un aborto por cada nacimiento.

“Para el cálculo de la infertilidad post-parto se tomó en cuenta la duración promedio y la duración mediana de la lactancia: de ahí que surjan dos mediciones distintas”, aclaró Mario.

“Estos dos métodos son los únicos que se pueden aplicar en el país”, explicó Pantelides a Página/12. Las metodologías no se habían ensayado antes porque se estaban perfeccionando en otros países, y además porque no existía en la Argentina alguna información necesaria, que recién estuvo disponible a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Tampoco antes se había dispuesto de fondos para encarar el estudio. El trabajo fue resultado de una investigación apoyada por la beca “Ramón Carrillo-Arturo Oñativa” para Estudios Colaborativos Multicéntricos de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria.

FUENTES: Mariana Carbajal - Página 12, 2 de junio de 2007 - http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85908-2007-06-02.html

CARTA A LXS DIPUTADXS MENDOCINXS EN EL CONGRESO NACIONAL

Cuando las mujeres hablamos de aborto, decimos “nosotras”, porque se trata de una práctica que está presente a lo largo de nuestras vidas: en nuestras familias, entre nuestras amigas, en nuestros propios cuerpos, como acto o como posibilidad. Nosotras abortamos, pero no contamos con el derecho legal de hacerlo. O podemos decir también que, aunque no se nos reconozca el derecho de hacerlo, abortamos igual, de cualquier manera. 

Abortamos con las condiciones de higiene y seguridad que podemos pagarnos, en una clínica privada, o privadas, justamente, de las que no podemos pagarnos, y lo hacemos con la “partera” del barrio o en la propia casa, con enormes riesgos para nuestra salud, y el terror de tener que necesitar después ayuda que nos exponga a la denuncia por parte del personal médico de un hospital. Esta diferencia en la seguridad que depende de la situación económica de la solicitante, contribuye al mercado negro del aborto clandestino, un mercado de 1000 millones de pesos cada año[1], que constituye además una clara injusticia social basada en las posibilidades económicas. Abortamos angustiadas por esta clandestinidad, a la que se nos obliga, incluso cuando nuestro caso se corresponde con alguna de las excepciones que contempla el Código Penal. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Ana María Acevedo, caso testigo en la región en el reclamo ante la CIDH[2]. Acevedo era una joven mujer santafecina, pobre y madre de tres niños, que cursaba un embarazo muy reciente cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Ante el pedido de aborto terapéutico, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe prefirió sostener el embarazo y, en cambio, suspenderle el tratamiento oncológico. La historia de Ana María termina con un embarazo malogrado a las 24 semanas, el dolor insoportable del cáncer, el coma farmacológico seguido de muerte y sus tres hijos huérfanos de madre[3]. Recordamos también el caso reciente de la adolescente misionera, embarazada fruto de la violación por parte de un tío, que reclamó un aborto; su madre fue mal informada acerca de falsos riesgos por el personal médico, que le impidió esta práctica, y hoy la niña cursa su embarazo en el total abandono por parte de todos los sectores, públicos y de la sociedad civil, que batallaron contra su derecho[4]. Historias similares se cuentan por docenas en todo el país, involucrando a niñas y mujeres con discapacidad mental, cuyas madres tuvieron que elegir entre hacerlas abortar en la clandestinidad, o resignarse a criar, además de una hija que no puede valerse por sí misma, al niño o la niña que esta tendría. Abortamos también empujadas a ello por el mismo sistema de salud que nos niega el acceso a los métodos anticonceptivos en muchas provincias. Es lo ocurrido con Mónica, una mujer entrerriana, de 26 años, pobre y padeciente del síndrome de Fallot, una patología cardíaca crónica: no le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) cuando lo solicitó, luego le negaron el aborto terapéutico en dos hospitales públicos, y ahora permanece internada, en reposo absoluto y lejos de su esposo y su hijo adolescente[5]. Abortamos exponiéndonos al reproche de sectores de la sociedad que insisten en la consigna de que el aborto es un asesinato, que llaman “bebé” al embrión, que nombran como “madre” a la mujer embarazada aunque no quiera serlo, argumentando un sufrimiento en el aborto que no es posible biológicamente por falta de desarrollo nervioso del embrión, y defienden los supuestos derechos del que denominan “niño por nacer”, creando con sus falacias una persona donde no la hay, e ignorando los derechos de la persona que sí existe, la mujer, a la que se reduce al rol de incubadora. Abortamos a pesar de las advertencias de estos mismos sectores que nos hablan de un supuesto daño psicológico irreversible, porque sabemos que, más allá de la persecución moralizadora y culpabilizadora de estos sectores, el único daño irreversible que nos amenaza es el físico, como la esterilidad o la muerte, consecuencia de la misma clandestinidad de la práctica, y no una angustia con la que intentan desmentir la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Abortamos aunque nos traten de asesinas e irresponsables, ignorando la relevancia que la contemplación de los derechos de las mujeres tiene en la agenda de los derechos humanos, y la alta incidencia que tiene en la Argentina la falla del método anticonceptivo en los embarazos, la violencia de género o la desinformación: el 40% de los embarazos en el país no fue buscado, un porcentaje que alcanza el 70% en adolescentes[6].

Abortamos en gran número, y por eso el derecho a hacerlo es un asunto relevante de salud pública. Recientemente, en la jornada “El aborto, un problema de salud pública”, el doctor Mario Sebastiani, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y presidente del Comité de Bioética de ese hospital, explicaba que en la Argentina se registra casi un aborto por cada embarazo llevado a término, es decir, más de 500.000 al año[7]. La clandestinidad de esta práctica genera al año más de 50.000 internaciones por aborto mal realizado[8] y más de 200 muertes de mujeres en edad fértil. Estos son los números que obligan a dejar de pensar en el aborto como una cuestión moral para entenderlo como un aspecto principal de la salud pública. Explica el doctor Sebastiani: “Hay algunos lugares donde esto está relegado a la clandestinidad, a la inseguridad, a la enfermedad y a la muerte; y en otros donde es un triunfo de la salud pública. Lo que significa que aún siendo terriblemente dificultoso el problema del aborto desde el punto de vista moral, religioso, humanitario, la salud pública les dice a las mujeres que no las va a desproteger ni les dará la espalda. La salud pública les ofrecerá a esas mujeres un procedimiento absolutamente seguro que interrumpa la gestación, luego las asesorará a los efectos de que no vuelvan a tener una repitencia y de que no vuelva a tener un embarazo no deseado. Esta escenografía se contrapone a la clandestinidad que resuelve el problema cuanto antes y de las peores maneras”[9]. La mención a la prevención de la repitencia hace foco en otro de los cuestionamientos frecuentes a la legalización del aborto: la posibilidad de que aumente la práctica. Es un argumento que suele utilizarse contra la ampliación de derechos: se dijo que las parejas se separarían más si se legalizaba el divorcio, o que se produciría una crisis social y familiar con la sanción del matrimonio igualitario. En el caso del aborto, no solamente se evitarían el daño físico y la muerte de las mujeres en edad fértil, sino que además, al quedar la práctica dentro del sistema de salud, se la podría asesorar con información médica veraz, y proveer con métodos anticonceptivos, para que pueda evitar la realización de una nueva interrupción de un embarazo no deseado. Contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligará a nadie a abortar, pero, si asegurará la salud de las mujeres que aún a riesgo de enfermarse, morir o ir presas interrumpen sus embarazos porque no es su momento, o porque no lo pueden sostener económicamente o porque han sido violadas.

En los últimos años, los derechos humanos se han convertido en parte central de la agenda pública argentina. Así como reconocemos este avance, corresponde recordar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente a través de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos (CDH), se sostiene que la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe dejar de ser un asunto de moral pública para ser reconocida como un asunto central de los derechos humanos. El Relator Especial del CDH, Anand Grover, en el párrafo 21 del informe “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostiene: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”[10].

Es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros legisladores y legisladoras tienen la obligación política de avalar, en este debate, el proyecto que reconoce el derecho absoluto a la interrupción voluntaria del embarazo, como práctica regular dentro del sistema de salud en todos los sectores. Las mujeres en la Argentina necesitamos, tenemos derecho y lo reclamamos, a la educación sexual integral para decidir, al libre acceso a los métodos anticonceptivos para no abortar, y la interrupción voluntaria del embarazo con garantía, legal, seguro y gratuito para no morir.


Firmamos: Mendocinxs por la Igualdad – Libres por la Diversidades – Juana Azurduy – Coordinación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo - Movimiento Universitario SUR – Libres del Sur Mendoza en el Frente Amplio Progresista

Fuentes:

[1] “Algo habrán hecho”, en Aborto con Pastillas, 31-08-2010. http://abortoconpastillas.info/2010/08/31/algo-habran-hecho/
[2] “ONGs de Argentina Denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la criminalización del aborto”, en Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia familiar, 29-03-2011. http://www.proteccioninfancia.org.ar/node/464
[3] “Condenada en nombre de la medicina”, en Página/12, 29-03-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165132-52784-2011-03-29.html
[4] “Denunciaron el abandono en que se encuentra la niña violada a la que se le negó el aborto no punible”, en RedMisiones.TV, 13-10-2011. http://www.redmisiones.tv/ampliar.php?id=1011
[5] “Una vida en riesgo por negar un aborto”, nota de Mariana Carbajal en Página/12, 13-10-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-178801-2011-10-13.html
[6] “Madres argentinas: tienen en promedio de 2 a 3 hijos”, en Diario El Ciudadano y la Gente, 16-00-2011.
http://www.elciudadanoweb.com/?p=260010
[7] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[8] “Reclaman políticas para evitar muertes durante el embarazo y el parto”, en DocSalud.com, 28-03-2011. http://www.docsalud.com/articulo/2232/reclaman-pol%C3%ADticas-para-evitar-muertes-durante-el-embarazo-y-el-parto
[9] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[10] “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 03-08-2011. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=/english/&Lang=S

22 DE OCTUBRE: DÍA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Las organizaciones abajo firmantes recuerdan y legitiman el 22 de octubre como el Día Nacional del derecho a la Identidad.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de estado. A raíz de ese hecho, más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente, abandonados o entregados a familias que estaban a la espera de una adopción.

Un año más tarde un grupo de abuelas comenzó a buscar a sus nietos secuestrados. Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron en su dolor, en su desesperación, en su esperanza, y se unieron para seguir buscando. Los padres ya no estaban, pero quedaban lxs abuelxs.

Pasados 31 años, estamos cada vez más convencidxs que las políticas de Derechos Humanos deben hacer hincapié en la recuperación de esxs niñxs para ver respetado y reconocido su derecho a la Identidad. En este sentido, es nuestra obligación como organizaciones sociales el reivindicar y acompañar las luchas por la recuperación identitaria de las cientos de personas que aún no conocen sus raíces. Es indispensable reconocernos en nuestro pasado para forjarnos nuestro futuro.

En la última dictadura también fueron desaparecidxs personas por causa de su orientación sexual e identidad de género. Si bien no hay datos – algunas fuentes arrojan 500 desaparecidxs, otras más de 1.000 – lo cierto es que la dictadura nos robó la identidad de nuestrxs hijxs, la identidad de nuestrxs compañerxs trans e intentó acabar con nuestra identidad de argentinos.

Y porque la identidad es ser quién uno es y no otra persona, es que nos debemos a la tarea de acompañar las luchas de lxs compañerxs trans en el camino por el reconocimiento legal de su identidad, pero más debemos esforzarnos porque esa identidad sea reconocida en el marco social. La sensibilización es una herramienta fundamental a la hora de buscar la inclusión, el respeto y la aceptación de las diversidades. Es con empatía que se logra la inserción de lxs compañerxs en los ámbitos educativos, de salud y de trabajo formal.

Desde la recuperación de la democracia vivimos una progresiva y, pese a todo, constante reivindicación de la identidad. Construirnos como personas implica conocer y reconocer los lazos de amor originarios en los que nos sostenemos. La construcción de la identidad desde la autopercepción, la historia personal y el proyecto de vida, es una experiencia que constituye un derecho humano fundamental.

Hoy se cumplen 31 años y esas abuelas que comenzaron a buscar a sus nietxs no se detuvieron ni un segundo. Ellas llevan 31 años de no perder las esperanzas y sintiendo a cada nietx recuperadx como propix. El valor de estas mujeres nos inspira para seguir trabajando por una Argentina mejor. El ejemplo de abuelas nos da las fuerzas para seguir construyendo ciudadanía, para seguir apostando a la democracia y para seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria.

Mendocinxs por la Igualdad - Libres por las Diversidades

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

¿Qué pasaría si…?

La posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, segura y gratuita tendría numerosos efectos positivos sobre la salud de las mujeres y las políticas públicas.

1- Las mujeres no morirían por abortos. Los abortos se harían en salas apropiadas y esterilizadas, con médicxs y enfermerxs a cargo de la intervención, y el debido control post-operatorio.

2- Las mujeres podrían firmar un consentimiento informado, por el que sabrían en qué consiste la intervención, se despejarían sus dudas y temores, y sabrían cómo cuidar su salud en los días posteriores, incluyendo la observación de señales de alerta.

3- El sistema de salud podría derivarlas en seguida al área de Planificación Familiar, donde les informarían sobre métodos anticonceptivos, incluyendo los quirúrgicos, para evitar la necesidad de un nuevo aborto.

4- El sistema de salud podría reconocer en intervenir en situaciones de violencia de género o abuso, a partir del registro en la historia clínica de una mujer, de numerosos embarazos y consecuentes abortos.

5- La maternidad sería una experiencia voluntaria y saludable, lejos de la resignación al embarazo, el parto y la crianza como consecuencias inevitables de una vida sexual activa.

6- Las mujeres se verían empoderadas, dueñas de sus propios cuerpos y libres para decidir si quieren o no tener hijxs, cuántxs quieren y con qué frecuencia entre ellxs.

7- Obligaría a las organizaciones anti-derechos a aceptar y hasta promover la educación sexual como única manera de evitar la interrupción voluntaria del embarazo.

8- Se haría efectivo el reclamo de las campañas pro-derechos de la mujer en general, y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en particular, que exige educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

La dictadura militar de 1976-1983 fue la más sangrienta que vivió el país. Este gobierno de facto no surge del clamor popular frente a la violencia de las guerrillas sino que comienza a gestarse a partir del año 1974 al fallece el líder político de las clases populares, el presidente Juan Perón, legando la conducción del país a su viuda, Estela Martínez. A la falta de carisma y liderazgo político de Martínez, se sumó la asesoría del, por entonces, Ministro de Acción Social José López Rega, el “Brujo”. Como consecuencia de la ineptitud de la presidenta en la conducción del Gobierno Nacional, lo que obviamente le quedaba enorme, el “Brujo” comenzó a empoderarse de tal manera que, llegados los albores del golpe del ´76,  era indudablemente él quien ostentaba el control del país.

Hacia mediados de 1975, el conjunto de acuerdos que Perón había articulado con los sindicatos y que habían constituido el eje de su proyecto de institucionalización política, habían fracasado y el país parecía marchar sin rumbo. La llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía agudizó aún más los problemas. Con el apoyo de López Rega, Rodrigo adoptó una serie de medidas, conocidas como el “Rodrigazo” —devaluación del peso entre un 100% y un 160%, incremento del 181 % en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte, entre otras medidas similares— que tuvieron como efectos inmediatos una aceleración brusca de la inflación y una crisis política, la que culminó con el desplazamiento de Rodrigo y de López Rega, provocados por una exitosa huelga general declarada por la CGT.

Isabel Perón se alejó temporalmente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder. El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación. El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración, en muchos casos, abierta oposición del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo y abrieron la brecha por la cual los militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica) — derrocó al gobierno de Estela Martínez e inauguraron lo que se denominó “Proceso de Reorganización Nacional”.

A partir de entonces comienza la más feroz dictadura militar de que se tenga memoria. Con el pretexto de exterminar a la “guerrilla” se instauró lo que se llamó el terrorismo de Estado.  Los más de 30.000 hombres y mujeres desaparecidos no formaban parte de esa “guerra sucia” que se extendería por más 7 años. Entre esas personas se encontraban todas aquellas mentes que a un Estado autoritario le fastidiaban, por ejemplo, estudiantes, profesores, librepensadores, sindicalistas, oposicionistas, minorías sexuales, judíos, etc.

Las torturas, las vejaciones, las violaciones, la apropiación de niños, las muertes, la sodomización de compañerxs, la proscripción, la censura, la negación de todo tipo de derechos eran parte de este plan institucional de una Argentina “reorganizada” sin espacio para todos.

Por eso nos indignamos tanto cuando escuchamos noticias como las torturas en el penal San Felipe; los malos tratos que reciben compañerxs por parte de sectores sociales de la derecha reaccionaria; los abusos de la Iglesia;  las violaciones por parte de fuerzas de seguridad; el caso Noble-Herrera;  el excesos de los monopolios; la sodomización de compañerxs trans en la vía pública; la acción ilegítima de algunas personas que a toda costa quieren romper nuestro derecho de asociación, de militancia y de activismo; todos los padres “Pato” que en éste país siguen siendo muchos y peligrosos; la cultura judeo-cristiana que somete a sectores tildados de “diferentes” para los cuales no hay derecho que valga, cultura que niega a la mujer y niega la diversidad sexual.

Por eso es que Mendocinos por la Igualdad se posiciona del lado de la defensa irrestricta de los Derechos, apoyando fielmente las políticas que en materia de DDHH se vienen articulando en nuestro país; pidiendo juicio y castigo para los protagonistas nefastos de la dictadura; embanderando la insignia de la igualdad y la inclusión, pensando que el poder para el cambio no está en el uso de la fuerza sino en la cultura, el trabajo militante y la educación sobre la base igualitaria.

DESTITUCIÓN DE MIRET

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó, por unanimidad, al camarista federal de Mendoza Luis Miret, acusado de mal desempeño de sus funciones por no haber denunciado ni investigado delitos de lesa humanidad poco antes de que empezara la última dictadura militar que sufrió el país.  

El tribunal consideró que Miret violó su obligación de todo juez de "investigar los delitos que fueran de su competencia y de denunciar aquellos que correspondieran a otra y de los que tomara personal conocimiento".  Miret había presentado su renuncia para evitar el desprestigio, pero la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no se la aceptó. Ahora, por la destitución, no podrá volver a ejercer cargos en la Justicia ni acceder a su jubilación por los años que actuó en este poder.  

El ahora ex magistrado no asistió a la lectura de la sentencia y al ser contactado por este diario optó por no hacer declaraciones sobre la decisión del Jury.  Los casos por los que echaron a Miret fueron: el secuestro y las torturas que en el departamento de inteligencia de la Policía de Mendoza -conocido como D2-, utilizado como centro clandestino de detención, sufrieron León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo Gutiérrez, Blas Armando Yanzón, Prudencio Oscar Mochi y Luz Amanda Faingold Casenave, entre agosto y setiembre de 1975, medio año antes del último golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas en el país. Faingold Casenave también denunció que fue violada por policías durante su detención.  

El jury entendió que Miret, como juez subrogante, tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina", según el fallo.  "Puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y, sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", se agregó.  "El magistrado nada ordenó en consecuencia, adoptando el hoy enjuiciado un rol pasivo que se contrapone con el deber jurídico de obrar que disponía -y dispone- el ordenamiento jurídico nacional", dijo el Jury.  La destitución de Miret fue votada por los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza; los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano; los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. Katz rechazó la acusación por la violación de Faingold Casenave al considerar que el hecho no le fue denunciado al juez.  

En tanto, el Tribunal rechazó las otras dos acusaciones: haber cerrado en 1987 una causa por el robo de bebés de desaparecidos aplicando la ley de Punto Final, cuando la amnistía no alcanzaba a ese delito y no haberse excusado en 2007 de intervenir en un expediente en el que citó como testigo al jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza, el recientemente fallecido Juan Pablo Saá, con quien mantenía una amistad.  

Los jurados rechazaron la calidad de juez subrogante de Miret cuando ocurrieron los hechos -era titular en una Defensoría Oficial- porque, dijeron, "la calidad de subrogante del magistrado no constituye excepción a su obligación de actuar de conformidad con la normativa vigente al momento de los hechos".  Además, el ahora ex juez está siendo investigado por la Justicia Federal de Mendoza por los mismos casos por los que ayer fue destituido.  Los fiscales en representación del Consejo de la Magistratura: Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi, habían pedido la destitución de Miret. Entendieron que "ha permitido con su indiferencia la violación de derechos humanos" y que "sigue pensando de la misma forma y, lo que es peor, ante una circunstancia similar obraría del mismo modo".

Fuentes: Diario Los Andes -Edición Impresa: sábado, 12 de marzo de 2011.